La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la orden de no innovar interpuesta por la Universidad de Chile en contra de la Dirección de Compras Públicas, decisión que suspendió los efectos de la inhabilitación que había recaído sobre la casa de estudios para vender servicios a órganos de la administración del Estado.
La información fue entregada en un comunicado por el rector Ennio Vivaldi, quien añadió que la U. de Chile «sigue trabajando para concretar a la brevedad las modificaciones que requiere la legislación vigente para garantizar que no se volverán a repetir situaciones en que la principal universidad de país no pueda prestar servicios al Estado de Chile».
En junio pasado, un fallo del Poder Judicial prohibió a la Universidad de Chile vender servicios al Estado por dos años, luego de una condena por infracción a la tutela laboral.
La demanda fue realizada en mayo del año pasado por un profesor asistente de planta de la Facultad de Economía y Negocios, Miguel Mendoza, quien acusó vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral y disminución de las remuneraciones.
Entre los servicios que la universidad no podía seguir prestando figuran actividades como capacitaciones y cursos cerrados para el sector público, de manera directa o a través del Hospital Clínico, y la realización de estudios de diversa índole, como, por ejemplo, de impacto medioambiental o de salud, mediante el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (Inta).
En los últimos cinco años, la casa de estudios ha realizado ventas al Estado por más de 38 mil millones de pesos. Además, el impacto financiero del fallo representaba menos del 2% de su presupuesto (según el último estado financiero, la U. de Chile tuvo ingresos por $395 mil millones). (Emol)
