La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República acusando actuaciones irregulares por parte de jefes de gabinete en diversas subsecretarías. La presentación, liderada por el presidente de la organización, José Pérez Debelli, y el secretario general, Carlos Insunza, solicita un pronunciamiento urgente sobre la legalidad de instrucciones que ordenan la suspensión generalizada de trámites y adquisiciones en el Estado.

La controversia se centra en los oficios emitidos por los jefes de gabinete de las subsecretarías de Agricultura y Vivienda y Urbanismo los días 11 y 13 de marzo de 2026, respectivamente. Dichos documentos instruyen a servicios dependientes —como CONAF, SAG, SEREMI y SERVIU— a abstenerse de despachar documentación y suspender la tramitación de nuevas compras públicas “hasta nuevo aviso”.

CUESTIONAMIENTOS A LA COMPETENCIA Y CONTINUIDAD

La ANEF sostiene que los jefes de gabinete carecen de facultades resolutivas y no son jefes superiores de servicio, por lo que no pueden impartir órdenes obligatorias a organismos descentralizados. La denuncia enfatiza que estas instrucciones vulneran principios fundamentales de la Administración Pública, tales como:

  • CONTINUIDAD DEL SERVICIO: La suspensión indiscriminada de trámites amenaza la atención de usuarios y el cumplimiento de programas estatales.
  • JERARQUÍA Y LEGALIDAD: Se acusa una alteración de la cadena de mando al someter a directores de servicio a la autoridad de asesores de confianza.
  • EFICIENCIA: La medida es calificada como desproporcionada para el fin de “revisar flujos”, pudiendo generar parálisis administrativa.
ACCIONES SOLICITADAS A LA CONTRALORÍA

El gremio solicitó a la contralora Dorothy Pérez que declare la ilegalidad de estos actos y determine las responsabilidades administrativas correspondientes. Además, la ANEF advirtió sobre una posible “desviación de poder”, sugiriendo que las instrucciones tienen una finalidad política ligada al cambio de administración y no criterios técnicos o jurídicos.

La organización requiere que el órgano de control precise los límites de las facultades de los gabinetes y reafirme la obligación de mantener el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Finalmente, la denuncia pide investigar si patrones similares de inmovilización documental se han repetido en otros ministerios bajo el mando del nuevo gobierno. (NP-Gemini-Anef)