El gobierno y la Fiscalía siguen «abusando» de la aplicación de la ley antiterrorista, promulgada en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet, para imputar a indígenas mapuches sin las debidas garantías procesales, según Amnistía Internacional (AI).
En su informe anual, la ONG recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2014 que invocar la ley antiterrorista contra mapuches supone en algunos casos violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La controvertida ley antiterrorista endurece las penas para los delitos, permite el uso de testigos protegidos, restringe el acceso a medidas cautelares y extiende los periodos de prisión preventiva.
Amnistía Internacional enumera en su informe varios casos en los que esa legislación fue invocada en 2017 contra mapuches, como los once comuneros, incluida la chamana Francisca Linconao, acusados del homicidio de un matrimonio de ancianos en 2013 en un incendio intencionado en su vivienda.
Los acusados estuvieron detenidos o en arresto domiciliario a la espera del juicio durante 18 meses y fueron absueltos en dos ocasiones, aunque el juicio se repetirá este año.
En septiembre pasado, señala la organización, la Policía lanzó la llamada Operación Huracán, que culminó con la detención de ocho líderes de una organización mapuche radical acusados de asociación ilícita terrorista por la quema de decenas de camiones.
Este caso dio un vuelco hace algunas semanas cuando la Fiscalía acusó a Carabineros de haber manipulado pruebas para inculpar a los mapuches, que fueron puestos en libertad.
Amnistía Internacional afirma que persisten las denuncias de «uso excesivo de la fuerza» por parte de la Policía, muchas veces enmarcado también en el conflicto mapuche.
En cuanto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1990), AI subraya que las víctimas siguen exigiendo «justicia, verdad y reparación».
El principal hito en materia de derechos sexuales y reproductivos es la entrada en vigor de la ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias: inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y embarazos producto de una violación.
La ley establece también el derecho a la objeción de conciencia para el personal médico y las instituciones que opten por no realizar abortos, que sigue siendo un delito en todas las demás circunstancias.
La ONG remarca que en junio del año pasado el Senado chileno aprobó en el primer trámite legislativo la ley de Identidad de Género, que permitirá a personas mayores de edad cambiar legalmente de nombre para que coincida con el género con que se identifican.
AMÉRICA LATINA: LA PEOR REGRESIÓN EN DDHH
La situación en materia de derechos humanos en América Latina atraviesa una de sus «peores regresiones» en los últimos años, sobre todo por el incremento de la violencia y la represión, señaló este miércoles Érika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
«Ahora nos damos cuenta que estamos viviendo un contexto regresivo alarmante. Estamos hablando de millones que están viviendo una crisis de derechos humanos, alimentada por retrocesos legislativos y en materia de política pública», afirma la mexicana.
En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, AI pone de manifiesto que en los países de América Latina y el Caribe aumentaron los índices de violencia, homicidios, impunidad y desigualdad.
«Es la región más violenta del mundo», insiste Guevara al poner como ejemplos El Salvador, Honduras y México, que rompió el año pasado su propio récord en número de homicidios dolosos. «Es la región donde se asesina el mayor número de defensores de derechos humanos y de periodistas, incluso en comparación con países con conflictos armados».
LOS «FOCOS ROJOS» DE LA REGIÓN
Pero las amenazas a los derechos humanos también se ven en el gran número de feminicidios -asesinatos de mujeres por motivo de género-, la presencia del crimen organizado «en todos los rincones del continente», la crisis de refugiados y el fenómeno de la migración forzada en casos como Venezuela y los países del Triángulo del Norte: Honduras, Guatemala y El Salvador.
Según Guevara, se trata de un contexto preocupante. «América Latina fue hasta hace poco una región estable, hasta hace un año con un solo conflicto armado reconocido internacionalmente, que era el colombiano y estaba en proceso de paz. Ahora estamos en la peor crisis de derechos humanos», señaló.
Aunque el clima de violencia es generalizado, considera que existen «focos rojos», como México, con más de 36.000 personas desaparecidas y varios muertos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, que sacó a las calles a los militares para encargarse de asuntos de seguridad.
POR PRIMERA VEZ EN EE. UU.
También mencionó a Brasil y la violencia «policial y racista», así como los asesinatos de defensores ambientalistas; a Venezuela, por la crisis humanitaria que ha obligado a miles a migrar a países vecinos, la represión policial durante las protestas y casos de detenciones
arbitrarias; y a los países del Triángulo Norte, de donde provienen la mayoría de los miles de migrantes que intentan cruzar cada día la frontera entre México y Estados Unidos.
Amnistía Internacional presentó este año su informe anual por primera vez en Estados Unidos para alertar de que «los pasos atrás» dados por el presidente Donald Trump «sientan un peligroso precedente para otros gobiernos».
«El descontento social es utilizado por estos políticos nefastos para sus discursos divisores, es la clásica estrategia de usted contra nosotros, para atraer el voto popular de personas que se encuentran en una situación de desesperación», indicó Guevara. (El Mostrador/Emol/Dpa/EFE/DW)
