Las amenazas contra autoridades políticas han generado una serie de investigaciones y detenciones durante los últimos meses, con casos que han afectado al Presidente José Antonio Kast, al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al alcalde de San Bernardo, Christopher White.
Desde que Kast asumió la Presidencia en marzo, cuatro personas han sido formalizadas por amenazas en su contra, principalmente a raíz de mensajes y publicaciones realizadas a través de redes sociales.
El primer episodio ocurrió en junio, cuando un estudiante universitario de 19 años escribió en un grupo de WhatsApp de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) la frase “hay que hacerle un Charlie Kirk”, en referencia al activista conservador estadounidense asesinado el año anterior.
Al día siguiente, el estudiante fue detenido después de lanzar una bomba molotov contra Carabineros en las inmediaciones de su facultad. La Fiscalía lo formalizó por lanzamiento de artefacto incendiario y amenazas contra la autoridad, utilizando el mensaje como uno de los antecedentes de la investigación. Su defensa sostuvo que la expresión había sido formulada durante una discusión política y que no existía intención real de atentar contra Kast.
Un segundo caso se registró en agosto, cuando la Policía de Investigaciones detuvo en Talca a una mujer de 23 años acusada de amenazar de muerte al Presidente mediante Instagram. Según los antecedentes de la investigación, la publicación hacía referencia al eventual uso de un arma de fuego contra el Mandatario.
Posteriormente, personal del OS9 de Carabineros detuvo en San Pedro de la Paz a un hombre de 30 años investigado por amenazas públicas contra Kast a través de redes sociales. El mismo individuo también fue acusado de realizar amenazas contra el ministro Jorge Quiroz.
El cuarto procedimiento relacionado con el Presidente ocurrió esta semana, cuando una mujer de 32 años fue detenida en Lampa luego de que investigadores detectaran un comentario en la cuenta oficial de Instagram de Kast que presuntamente incitaba a terceros a atentar contra su vida.
La imputada fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Colina por amenaza de atentado contra la autoridad. El tribunal decretó arraigo nacional, prohibición de acercarse al Presidente y la imposibilidad de establecer comunicaciones telemáticas con él durante los 30 días establecidos para la investigación.
El ministro de Hacienda también ha sido objeto de intimidaciones. Este sábado, la Fiscalía formalizó a Francisco Mauricio Rojas Collío por amenazas contra Quiroz, investigación relacionada con una imagen intervenida difundida en redes sociales en la que aparecían el secretario de Estado y el fallecido exsenador Jaime Guzmán representados con una lesión de bala en la frente.
El tribunal estableció para el imputado las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse al ministro, además de fijar un plazo de dos meses para desarrollar la investigación.
Fuera del Gobierno, uno de los casos que ha generado mayor preocupación corresponde al alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien ha denunciado reiteradas amenazas desde agosto de 2025. En aquella oportunidad, una persona fue detenida luego de que el jefe comunal recibiera cartas intimidatorias dirigidas contra él y su familia.
Esta semana surgió un nuevo episodio después de que una investigación detectara un presunto plan para atentar contra White. De acuerdo con los antecedentes del caso, la amenaza habría surgido de una comunicación atribuida a Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, quien se encontraba prófugo de la justicia y habría manifestado la intención de asesinar al alcalde el próximo 17 de septiembre.
El fiscal regional Occidente, Marco Pastén, se reunió con White para comunicarle los antecedentes de la amenaza. Tras conocer la situación, el alcalde manifestó públicamente su preocupación y posteriormente debió recibir atención médica debido a una descompensación.
Ante la sucesión de estos episodios, parlamentarios de distintos sectores han solicitado reforzar la protección de las autoridades y mejorar la coordinación entre las policías, el Ministerio Público, los municipios y los organismos gubernamentales encargados de la seguridad.
Los diputados Sebastián Videla, Carlo Arqueros y Raúl Soto, junto con el senador Juan Luis Castro, coincidieron en condenar las amenazas independientemente del sector político de las víctimas y plantearon la necesidad de fortalecer la persecución penal, particularmente cuando las intimidaciones estén relacionadas con organizaciones criminales. (NP-ChatGPT-Emol)