Luego de su comparecencia en la comisión investigadora de la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, el nombre de Francisca Moya (FA) ha estado en boca de todos.
La frenteamplista, jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, no ha dejado de ser blanco de críticas tras reconocer en el Congreso que conocía la inhabilidad que tenía la destituida senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, de celebrar contratos con el Estado.
Pese a ello, la funcionaria argumentó que la revisión de la que estuvo a cargo fue exclusivamente del decreto 38 que pasó a manos del Presidente Gabriel Boric y su versión ha sido refrendada por el gobierno.
«Lo que correspondía era hacer un análisis de calidad respecto del propio decreto y eso fue ratificado por Contraloría en el proceso de toma de razón ¿Verdad? Y a eso se refería la respuesta de la jefa de la División y eso es consistente con lo que hemos señalado como gobierno», sostuvo la ministra Aisén Etcheverry, aseverando que «en el gobierno estamos todos permanentemente sujetos a evaluación, es lo que corresponde en estos cargos y la jefa de la División Jurídica sigue en el desempeño de sus funciones».
Este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dio un espaldarazo a la asesora, aduciendo que «ha desarrollado un trabajo extraordinario, precisamente en el marco de las competencias que tiene el ministerio».
Pero pese que el Ejecutivo ha cerrado filas sobre el respaldo a Moya, la disconformidad sobre la permanencia de la funcionaria se ha hecho patente y ha escalado. Ayer, en medio de la tramitación de la reforma al sistema político, el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti (PS), interpeló a la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, producto de las declaraciones de la asesora.
«Obviamente explicitó que conocía las normas constitucionales como corresponde a todo abogado que sea jefe de una visión jurídica. No es lo mismo respecto al rol que le compitió en el caso específico», defendió Lobos, ante lo que De Urresti retrucó sosteniendo que «si conocía la norma constitucional y no lo advirtió, quiere decir que carece enteramente de criterio político y, a mi juicio, debe pedírsele inmediatamente la renuncia».
«Yo creo que es importante separar el tema, yo creo que ella, hasta la fecha que ha trabajado en el ministerio, ha demostrado su solidez jurídica y su competencia, y por tanto, me parece que opiniones pueden haber varias, pero yo, que he trabajado directamente con ella, puedo dar fe de la competencia y valía que tiene», aseveró la ministra, agregando que «en este caso se mezcló la referencia que ella hacía genéricamente al conocimiento de las normas constitucionales respecto a la inhabilidad concreta que existía en el caso que, como digo, operaba para una etapa posterior, no en el decreto habilitante para la adquisición del inmueble».
Lobos sostuvo el respaldo a Moya, junto a Elizalde, al salir de la comisión de Constitución, cuando fue consultada por el intercambio con De Urresti. Dicha diferencia fue la primera tensión protagonizada por la reciente ministra de la Segres, quien si bien es valorada transversalmente por el Congreso, no adscribe a un partido que la blinde ante las controversias políticas.
Bajo esa consideración, hay parlamentarios que advierten que con Moya está sucediendo un síndrome similar al del exjefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi (FA), quien aguantó en el cargo pese a múltiples polémicas, las que de paso, damnificaron a distintos rostros del gabinete.
DARDOS A ALLENDE
La sensibilidad por el caso, se agudizó con la evidente conmoción de Allende en el discurso de despedida que vertió en el Senado. Si bien hizo una autocrítica por no haber advertido el artículo de la Constitución que establece su inhabilidad a firmar contratos con el Estado, relevó que «no soy abogada».
«Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional», sostuvo.
Tras la alocución de Allende, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) consideró que las declaraciones de Moya son «bien fuertes, que suenan un poco a contrapelo de la legalidad que se busca de los actos y señalar que no está dentro de su mandato. Tal vez habría que clarificar mejor qué quiere decir eso». Ahora bien, aclaró que no está buscando la renuncia de la funcionaria.
TRASFONDO
La vocera (s) Aisén Etcheverry y el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, salieron este martes a defender a la jefa de la división jurídica legislativa de la Segpres, Francisca Moya, quien aseguró en la Comisión Investigadora de la Cámara que sabía que la compra de la casa de Salvador Allende era inconstitucional, aunque no respondió si se lo dijo al Presidente Gabriel Boric.
- De esa forma, dejó en pie la versión del gobierno de que en última instancia la grave falta fue por desconocimiento del mandatario.
- Lo señalado por Francisca Moya despierta varias dudas. Primero, como jefa jurídica de la Segpres ella es la persona encargada de velar que lo que está firmando el Presidente esté conforme la constitución y la ley.
- La jefa jurídica de La Moneda es la última persona -el último control- que se encarga de conversar con el mandatario antes de que él firme algún documento judicial, en este caso el decreto 38, que Boric firmó el 28 de noviembre de 2024.
- Presidentes anteriores, como Ricardo Lagos o Sebastián Piñera, nunca firmaban nada sin antes tener un parecer favorable de los respectivos jefes jurídicos de la Segpres. Lagos incluso llamaba al suyo, Carlos Carmona, “la República”, una broma para reflejar la importancia de su cargo. Piñera tampoco firmaba sin el visto bueno de Francisca Garcés.
- Por último, pero no menos importante, Francisca Moya es amiga personal de Boric desde hace más de 10 años y más allá de que era parte de su cargo, es sorprendente que -sabiendo que el mandatario estaba firmando algo inconstitucional -no lo haya alertado de las graves consecuencias que eso implicaría.
El extraño respaldo a Moya. Dado todo lo anterior, resulta difícil entender la razón de la defensa incondicional de la labor de Moya por parte de las más altas autoridades del gobierno.
- Durante la reunión del lunes del Presidente Boric con la directiva del PS -para aplacar la ira del partido por la destitución de Isabel Allende- el mandatario prometió sancionar a subalternos que participaron en la elaboración del decreto 38.
- También llama la atención que Moya en su declaración como testigo en la causa penal, el 20 de enero, no haya revelado que al momento de llevarle el documento al mandatario para la firma sabía que era inconstitucional.
- “No recuerdo que el Presidente me haya hecho algún alcance respecto de estos decretos en la sesión de la firma. Desconozco quien debió haber considerado las prohibiciones que establecía la constitución, pues desconozco quienes son las personas a quienes se les encargó planificar, analizar y materializar esta tarea”, afirmó en esa ocasión.
- Otro argumento usado para eximir de responsabilidad al gobierno fue que la Contraloría tomó razón del decreto. La pregunta es si un error de Contraloría justifica otro del Presidente.
- “La jefa de la división jurídica reiteró algo que hemos dicho como gobierno y que va en la misma línea de lo que señaló la propia Contralora en la comisión, que es que en el momento, y respecto del decreto 38. Lo que correspondía era hacer un análisis de legalidad respecto del propio decreto y eso fue ratificado por Contraloría en el proceso de toma de razón, ya a eso se refería la respuesta de la jefa de la división, y eso es consistente con lo que hemos señalado como gobierno”, dijo la vocera Etcheverry.
Falta de autocrítica. El testimonio de Moya de que no le advirtió al mandatario constituye una pieza clave para evitar que las responsabilidades sigan escalando. Está claro desde el principio que la idea de la casa museo fue de Boric.
- Pero si a eso se añadiera que desoyó las advertencias de la jefa jurídica, estaría en un problema mucho mayor: no solo habría firmado un decreto inconstitucional, sino que lo habría suscrito pese a haber sido advertido de que era irregular.
- Al ser consultada si el gobierno ha hecho una autocrítica, la vocera Etcheverry dijo lo siguiente: “El gobierno ha sido explícito en que esto no fue llevado adelante de la manera correcta, esto ha tenido por supuesto consecuencias que son muy importantes, se han hecho valer responsabilidades políticas, se están llevando adelante sumarios administrativos para determinar responsabilidades administrativas”.
- Lo anterior no incluye a las personas de mayor rango jerárquico, que no han realizado ninguna autocrítica ni ofrecido disculpas por el decreto que buscaba permitir la compra de la casa de la senadora Isabel Allende, quién sí ha pagado altos costos, al igual que su sobrina Maya Fernández, removida del ministerio de Defensa en marzo.(Emol-Ex Ante)
