Decía Hannah Arendt que una diferencia evidente entre el poder y la violencia es que el primero necesita el número, en cambio la segunda descansa en sus instrumentos. La intimidación, la amenaza, la fuerza y la determinación hacen eficiente a la violencia. Esta se impone en el momento en que la mayoría y sus representantes legítimos dejan de utilizar su poder para anularla. Cuando la mayoría observa impotente cómo los violentos minoritarios sobrepasan la autoridad, se convierte en un “aliado latente” de esa minoría violenta, concluía Arendt.
Aunque la filósofa germano-estadounidense escribió esas palabras hace medio siglo, parece que hubiera estado viendo lo que ocurre en todo Chile a partir de octubre del año pasado y en La Araucanía desde hace años. Porque acá una minoría violenta cada vez más radicalizada está dispuesta a poner en jaque a una mayoría que no acierta a responder, “liderada” por una autoridad que se desgasta en palabras que difícilmente es capaz de llevar a la acción concreta. Con su retórica tan grandilocuente como vacía, en Chile aquella ha terminado transformándose en “aliado latente” (“cómplice pasivo”, diría el Presidente Piñera) de los violentistas.
Solo así cabe entender las declaraciones del ministro del Interior, quien aseguró que sería “implacable” para perseguir a los 25 o 30 violentistas que, en una acción tan coordinada como desfachatada, detuvieron el jueves en plena Alameda cuatro buses del Transantiago, ordenaron a pasajeros y choferes descender de las máquinas y luego las incendiaron. No hubo detenidos.
Sí los hubo el viernes, cuando se repitieron los desmanes que vienen teniendo lugar todas las semanas en el centro de la capital. Pese a ello, el ministro del Interior se felicitó porque los manifestantes “cada vez son menos”. Pero esa minoría de un poco más de un centenar de violentistas (de acuerdo con la cifra entregada por el propio jefe del gabinete) fue capaz de cortar por horas el tránsito en el principal eje de Santiago, obligó al cierre de varias estaciones del Metro, saqueó una sucursal bancaria en Moneda con San Antonio y generó barricadas en diversos puntos del centro.
Si de eficiencia violentista se trata, Víctor Ancalaf y sus secuaces en La Araucanía son un lamentable ejemplo. Junto a otras dos personas, el ex jerarca de la CAM ha sido capaz de intimidar al propietario del fundo Agua Buena y a sus 300 temporeros, en su mayoría mapuches, que hasta hace unos días no podían cosechar las cerezas y arándanos que deberían estar recogiendo en estas fechas. César Hompart, dueño del fundo ubicado en Collipulli, ha reclamado que carece de protección efectiva y que “si esto no se resuelve, me voy a ir a la quiebra”. Según el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Roberto Heise, el fruticultor “ha hecho decenas de denuncias”, pero el problema persiste. En una zona donde en los últimos meses han sido asesinadas dos personas a raíz de la violencia –el trabajador Pedro Cabrera y el agricultor Pedro Burgos— existe miedo y la gente no está yendo a trabajar, denuncia Heise, quien ha llamado a los agricultores a “prepararse muy bien para la propia defensa”. Mientras, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, acusa al gobierno de llegar tarde y emplaza al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia y al Congreso a tomar medidas que atajen la violencia en la zona.
Sin embargo, esta persiste. En el lago Lanalhue (provincia de Arauco, región del Biobio), una histórica hostería fue quemada la semana pasada por un grupo que pedía libertad para los “presos políticos” mapuche. Es el mismo lugar donde hace unos meses fueron incendiadas diversas propiedades de personas que tuvieron que abandonar sus residencias por miedo y desamparo.
La sensación que queda es que los violentistas actúan dónde, cómo y cuándo quieren. En Santiago, el hecho de que los desórdenes se registren ahora en las cercanías de La Moneda, y no en el foco “tradicional” de la Plaza Italia, no obedece a que las autoridades hayan conseguido imponer sus términos y proteger aquel sector, sino a una decisión táctica de los manifestantes. Desde hace unos meses, los viernes de infierno en la Plaza Baquedano se han desplazado hacia el centro de la capital. La respuesta no ha sido reimponer el orden, sino acomodarse a la nueva realidad: los negocios cierran temprano, los trabajadores son liberados después de almuerzo, Carabineros se prepara para una batalla campal y las barricadas, saqueos y enfrentamientos se han hecho habituales. Por su parte, en La Araucanía la gente tiene miedo de transitar por los caminos rurales y evita ir a cosechar a los fundos que los grupos mapuche radicales han declarado “en recuperación”. En ambos casos, el amedrentamiento es la regla impuesta por una resuelta minoría violenta.
Los esfuerzos de los únicos que podrían hacer algo resultan obviamente insuficientes. En el mejor de los casos, las autoridades se limitan a “condenar en los más duros términos” la violencia. En el peor, incluso promueven proyectos de ley que la condonan, como ocurre con la iniciativa que propone un indulto para aquellos que desde el 7 de octubre de 2019 saquearon, incendiaron, destruyeron bienes de uso público, agredieron a carabineros, levantaron barricadas en calles y caminos, etc. Pese a que nominalmente detentan el poder, en la práctica unos y otros han renunciado a ejercerlo, sea porque no pueden, no quieren o no saben hacerlo.
Arendt explica que cada retroceso del poder es una invitación a la violencia. Ambos son opuestos, pues “donde uno domina absolutamente falta el otro”. Cuando la violencia se impone, desaparece el poder y termina emergiendo el terror, señala. Habría que ser ciego para no darse cuenta de que en algunas partes de Chile ese proceso se ha puesto en marcha: los viernes en el centro de Santiago y lo que ocurre en el sur del país dan cuenta de ello. Mientras tanto, nuestras autoridades aseguran con toda seriedad que serán “implacables”. Sería cómico si no fuera trágico. ¡Cómo deben reírse los violentistas! (El Líbero)
Juan Ignacio Brito
