Casi seis años después de que Chile presentó el caso Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 16 de junio de 2016, el proceso entró en su etapa decisiva: este viernes 1º de abril comenzaron los alegatos en las audiencias públicas en La Haya.
En su exposición ante los magistrados, Ximena Fuentes, agente de Chile ante La Haya y subsecretaria de Relaciones Exteriores, reveló que hay estudios bolivianos que darían cuenta de que el Silala sí sería un Río Internacional.
“Un aspecto importante de la reivindicación boliviana, a efectos de que Chile ha desviado las aguas del Silala, es que Bolivia nunca intentó presentar a Chile estudios científicos serios en base a los cuales las dos partes hubieran podido iniciar un diálogo fructífero”, indicó Fuentes.
La subsecretaria agregó que “de hecho la primera vez que los estudios encargados por Bolivia respecto del funcionamiento del Río Silala se han puesto en común en Chile, han sido durante las presentes actuaciones ante la Corte Internacional de Justicia. Estos estudios presentados por la contramemoria de Bolivia vienen a confirmar lo que Bolivia había negado durante años, en el periodo entre 1999 y septiembre de 2018, a saber que el Río Silala fluye de forma natural a lo largo de la pendiente topográfica de Bolivia a Chile. Bolivia ha regresado, en esas actuaciones al punto donde se hallaba antes de 1999 y ya no cuestiona la condición del Silala como un río Internacional”.
En su exposición la coordinadora del equipo jurídico de Chile en el caso, Johanna Klein Kranenberg, abogada holandesa-chilena con un doctorado en Derecho de la Universidad de Tilburg, dijo que Bolivia “no ha demostrado hasta ahora ningún uso o necesidad del agua en su territorio”.
“Si lo hiciera, por supuesto, Bolivia tendría derecho a una utilización equitativa y razonable del río”, dijo, recordando que los canales en territorio del vecino país fueron ejecutados por una compañía británica ante en virtud de una licencia otorgada en 1908.
Previo al inicio de los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, la ministra Urrejola se reunió con el Presidente Gabriel Boric en su despacho en La Moneda. “Para nosotros este es un proceso de larga data y esperamos que se resuelva prontamente, porque no queremos sentar nuestras relaciones con Bolivia en un caso ante la haya, sino más bien todo lo contrario. El objetivo del gobierno es iniciar una agenda proactiva”, indicó la Canciller a la salida del encuentro.
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La agente chilena que ha estado a cargo del proceso desde que comenzó -y quien hoy es además subsecretaria de Relaciones Exteriores- llegó el 28 de marzo a La Haya. Apenas aterrizó, contó en su cuenta de Twitter que el equipo jurídico, que está integrado en su mayoría por juristas y también ingenieros hidráulicos, está concentrado en defender los intereses de Chile.
Luego, la agente posteó una foto donde se muestran las nacientes del Silala, en los faldeos del Cerro Inacaliri, en Bolivia. Y explicó que en la imagen se ve “la quebrada labrada durante miles de años, por la cual fluye hasta Chile el río Silala, un curso de agua internacional, que puede ser usado por ambos Estados”.
Esa es, precisamente, la postura de Chile frente al caso. “Nosotros decimos que toda el agua de la cuenca, en la medida que viaja por gravedad hacia Chile, es toda parte de un curso de agua internacional. Por lo tanto, nadie puede declararse propietario, porque la regla es que cuando hay un río o un acuífero compartido, todos los ribereños tienen derecho a usarlo”, explicó Fuentes a PAUTA en una entrevista en noviembre 2020, mientras aún se estaba a la espera de la fecha de los alegatos.
“No hay propiedad. Porque todo el flujo del Silala, tanto el subterráneo como el superficial, está sujeto a la misma regla: que es que los Estados tienen derecho a un uso equitativo y razonable”, agregó.
Lo que equipo chileno demandará ante la Corte Internacional, en la audiencia que se prolongará hasta el 14 de abril, son los argumentos. Para Chile, el Silala es un curso de agua internacional y su uso, por tanto, se rige por el derecho internacional consuetudinario. Asimismo, tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del río.
Además, argumentará que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas para prevenir y controlar la contaminación y otras maneras de daño a Chile que deriven de sus actividades en Silala.
Asimismo, señalará ante la Corte que Bolivia tiene también la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre el río Silala. Esto implica no solo el intercambio de información y de datos. También de realizar, en caso de que proceda, una evaluación de impacto ambiental a fin de que Chile pueda evaluar los posibles efectos de esas medidas planificadas, obligaciones que -alegará- Bolivia ha incumplido.
El río Silala tiene aproximadamente un metro de ancho y una cuenca de 234 metros cuadrados. Su largo total es de 10 kilómetros. De ellos, cuatro están en territorio boliviano y seis en chileno.
Al estar en el desierto de Atacama, el río es clave para la región de Antofagasta como recurso hídrico. Y sus aguas han sido utilizadas por más un siglo para diversos propósitos. Por ejemplo, suministra de agua potable a Antofagasta y a los pueblos de Sierra Gorda y Baquedano.
También, sus aguas tienen uso industrial.
Otra característica del Silala es que cruza a Chile a través de una quebrada que tiene una pendiente de entre 4% y 5%, la que se ha formado a lo menos durante 8.400 años. Asimismo, por la fuerza de gravedad, el agua fluye hacia territorio chileno. Un dato más: cuando entra a Chile, en promedio su caudal en la frontera es de 170 litros por segundo.
Por más de 100 años, Bolivia reconoció el carácter internacional del Silala, como quedó establecido en el mapa del Tratado de Paz y Amistad de 1904, que aprobaron ambos países y en el que Chile y Bolivia establecieron su límite internacional definitivo.
En ese mapa, el Río Silala aparece cruzando el límite entre Bolivia y Chile, entre el punto 15 (Cerro Silala) y el punto 16 (cerro Inacaliri).
Pero en 1999, Bolivia cambió su postura: para ese país, el Silala era una vertiente cuyas aguas estaban ubicadas solo en su territorio. Y las que fluían a Chile, según este nuevo argumento, eran artificialmente desviadas.
Fue la primera señal de la disputa que ahora deliberará la Corte Internacional de Justicia.
Pero en 2010 un hecho cambió el curso de esos diálogos. Fue cuando Bolivia planteó el pago de una compensación por el uso “histórico” de Chile del Silala. Y reiteró de que el río era completamente de su propiedad.
Seis años más tarde, el 23 de marzo de 2016, durante su discurso por el Día de Mar, el entonces Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que se encontraba en “estudio” una demanda contra Chile por el uso del Silala. Tres días después, Morales dio un paso más: dijo que demandaría a Chile en la Corte Internacional de Justicia.
Ante ese escenario, el 6 de junio de 2016, Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, tribunal que entre 1 y 14 de abril escuchará los alegatos de las partes, interrogará a los expertos convocados por ambos países y comenzará a deliberar.
Pero hay otro hito en este versus. Y ocurrió en 2018. Ese año, el gobierno boliviano entregó la contramemoria a la Corte Internacional y allí reconoció que parte del río Silala fluye naturalmente hacia Chile. Precisamente, el argumento que siempre ha sostenido la Cancillería chilena.
Dos años después, el 13 de febrero de 2020, y pese a que el contenido de estos escritos son secretos hasta los alegatos, Bolivia hizo público parte del contenido de su contrademanda y confirmó oficialmente esa postura. “Este litigio ante la Corte Internacional de Justicia se inició durante el Gobierno de Evo Morales y en sus actuados procesales (contramemoria) se admitió que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile”, señala el documento.
Aquella información, clave en el proceso, la explicó rápidamente el entonces ministro de Relaciones Exteriores del expresidente Sebastián Piñera, Teodoro Ribera: “Cancillería boliviana reconoció que en la disputa del río Silala el gobierno de Evo Morales acogió la tesis chilena que se trata de un río internacional cuyas aguas fluyen naturalmente a Chile. Esto significa que no existe materia controvertida en este punto central de la demanda”.
El equipo que viajó a La Haya está conformado, además de Fuentes, por la co-agente Carolina Valdivia (exsubsecretaria de RR.EE. del gobierno de Piñera); el embajador en los Países Bajos, Hernán Salinas; la coordinadora de la Unidad Silala, Johana Klein; los abogados Claudio Troncoso, Andrés Jana, Luis Winter y Mariana Durney, y el ingeniero civil especialista en ingeniería hidrálica, José Francisco Muñoz.
Chile también contrató para este juicio a cinco abogados especialistas en litigios internacionales en materias hidráulicas, medio ambiente, recursos hídricos compartidos y, entre otras menciones, derecho internacional del agua. Además del ingeniero hidrólogo de la Universidad de Cambridge y doctor en Hidrología de la Universidad de Bristol Howard Wheater, y Denis Peach, geólogo de la Universidad de Birmingham y doctor en Hidrología en la misma universidad.
El equipo jurídico internacional está integrado, además, por
Samuel Wordsworth, abogado inglés, especialista en derecho internacional y arbitrajes internacionales y profesor visitante de Arbitraje sobre inversiones internacionales en el King’s College de Londres. El caso Silala es el tercer proceso internacional en que representa a Chile: estuvo en la disputa marítima presentada por Perú y la demanda boliviana por la obligación de negociar una salida soberana al mar.
Stephen McCaffrey, académico de Derecho Internacional en Mc George School of Law de University of the Pacific (California) y especialista en recursos hídricos transfronterizos.
Alan Boyle, profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Edimburgo y especialista en derecho internacional del medioambiente, derecho del mar y recursos hídricos compartidos.
Laurence Boisson de Chazournes, profesora de derecho internacional de la Universidad de Ginebra y directora del programa de Magister en Derecho sobre Resolución de Controversias Internacionales y Co-Directora del Geneva Center for International Dispute Settlement (CIDS).
Mara Tignino, doctora en Derecho Internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra y profesora de derecho internacional y derecho internacional del agua en la misma universidad. En 2017 fue ganadora del premio Women Peacebuilders for Water de la Fondazione Milano per Expo por su investigación en el campo del derecho internacional del agua.
Los alegatos serán en formato híbrido por razones de aforo debido a la pandemia de covid-19.
En el caso de los abogados de Chile, alegarán presencialmente en la sala de la Corte, y solo uno lo hará forma remota. Esto, mientras el ingeniero Wheater y el geógrafo Peach serán interrogados en su calidad especialistas en forma presencial. (Pauta-La Tercera)
