La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), se refirió esta mañana a la demolición de los asentamientos irregulares en el sector de Calicheros, un predio perteneciente a la familia Correa, asegurando que el objetivo principal es «establecer el Estado de derecho». El predio tiene una historia dramática, ya que su propietario original, el empresario Alejandro Correa, fue asesinado en 2020 por encargo de una persona que había sido denunciada previamente por la ocupación ilegal del terreno.
En conversación con Radio Agricultura, la jefa comunal abordó el operativo que realizan el Serviu y el Minvu, manifestando la esperanza de que el proceso se lleve a cabo de «manera pacífica» sin necesidad de auxilio de la fuerza pública. Corti reconoció la «deuda del Estado» en materia de acceso a la vivienda, señalando que «no hay una política pública gubernamental ni tampoco del Estado para definitivamente hacer las cosas de manera regular más ágil», e hizo un llamado a las familias a encontrar una vía formal para abordar su situación.
La alcaldesa denunció diversas irregularidades detectadas en el campamento, como la presencia de personas que «no vivían en la semana y a veces venía a los fines de semana», aunque aclaró que no se debe generalizar, pues hay «cinco casos detectados» que requerirán un tratamiento social por parte del municipio.
DENUNCIA MAFFIA
Corti fue enfática al denunciar la existencia de una «mafia compleja» que opera en las tomas, señalando que hay un abogado que representa a muchas familias y que hace un llamado a no catastrarse, y que existe además un supuesto «coordinador especial de las Naciones Unidas» que infunde desinformación.
La edil apuntó a tres responsables de la resistencia de algunas personas a abandonar el terreno: el abogado que ha interpuesto recursos de protección y órdenes de no innovar que han sido rechazados en dos oportunidades; el coordinador de supuestas Naciones Unidas, cuya acreditación no ha podido comprobar; y una dirigente, Jasmín, que ha hecho creer a los ocupantes que el terreno era de su propiedad «por naturaleza». Corti además criticó la falta de delicadeza de una dirigente que se refirió al fallecido propietario del terreno de manera «despectiva», recordando el trauma que sufrió la familia Correa.
Respecto a las medidas futuras, la alcaldesa indicó que, una vez que el terreno sea devuelto a la familia Correa en un plazo de siete días tras la demolición, la prevención de nuevas ocupaciones recaerá en los propietarios. La familia, de manera paralela a la demolición, procederá al cierre por tramos,realizando zanjas y otras acciones para asegurar el terreno. (NP-Gemini-La Tercera-Agricultura)
