El anuncio del Gobierno de intervenir permanentemente 50 barrios considerados críticos por sus niveles de criminalidad abrió entre alcaldes de distintas comunas el debate sobre los mecanismos para recuperar territorios afectados por el crimen organizado y el eventual apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

La iniciativa forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada esta semana por el Presidente José Antonio Kast, y contempla reforzar la presencia estatal en sectores que serán seleccionados de acuerdo con indicadores de criminalidad.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que el Ministerio de Seguridad Pública trabaja en la elaboración de la nómina definitiva. El objetivo, explicó, será mantener una mayor vigilancia policial, establecer un copamiento permanente e incorporar herramientas tecnológicas que permitan reforzar el control de esos territorios.

El Ejecutivo también evalúa cambios destinados a ampliar la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas relacionadas con la seguridad. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha planteado la creación de un nuevo estado de excepción constitucional dirigido específicamente a enfrentar situaciones de grave alteración de la seguridad pública vinculadas al crimen organizado y al terrorismo.

Según Alvarado, este mecanismo podría aplicarse de manera focalizada en determinados barrios o sectores urbanos. A diferencia de los estados de excepción actualmente existentes, el mando permanecería en Carabineros, mientras las Fuerzas Armadas participarían mediante mecanismos de colaboración.

La propuesta recibió una evaluación favorable del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien consideró adecuado focalizar las intervenciones en barrios determinados. Respecto de las Fuerzas Armadas, sostuvo que su colaboración en sectores urbanos no debería descartarse mientras no se complete el fortalecimiento de las policías.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, también valoró que el Ejecutivo considere apoyo militar frente al narcotráfico y la delincuencia, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar medidas que puedan generar restricciones innecesarias a las libertades de las personas.

White planteó como alternativa avanzar en proyectos actualmente en discusión, entre ellos el relacionado con infraestructura crítica y las Reglas de Uso de la Fuerza. A su juicio, efectivos militares podrían asumir la protección de hospitales, estaciones de Metro, terminales ferroviarios y centros de salud, permitiendo que Carabineros concentre sus recursos en sectores con mayores problemas delictivos.

Una posición similar manifestó el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien respaldó una presencia estatal más intensa y permanente en barrios donde se hayan instalado organizaciones criminales. Sin embargo, advirtió que el copamiento territorial debe complementarse con inteligencia, investigación y persecución penal para impedir que las bandas regresen posteriormente o trasladen sus operaciones hacia otros sectores.

Desde Puerto Montt, el alcalde Rodrigo Wainraihgt consideró que la estrategia apunta en la dirección adecuada y mencionó a Alerce entre los sectores de su comuna afectados por problemas de seguridad. Respecto de una eventual participación militar, llamó a discutirla responsablemente y señaló que existen experiencias internacionales de colaboración de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, recordó que la utilización de herramientas extraordinarias frente a la crisis de seguridad ya había sido planteada durante años anteriores. La jefa comunal destacó que propuestas de este tipo deberían evaluarse por su efectividad y no por el sector político desde el cual se originen.

En Antofagasta, el alcalde Sacha Razmilic valoró que el sector de Pantaleón Cortés pueda ser considerado dentro de los 50 barrios que recibirían intervención mediante copamiento, patrullajes y herramientas tecnológicas. Asimismo, sostuvo que enfrentar la inseguridad requiere una coordinación permanente entre municipios, policías y autoridades del Gobierno.

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, observó similitudes entre la nueva estrategia y el programa Calles sin Violencia aplicado durante la administración anterior. Más allá del diseño utilizado, afirmó que la prioridad debería estar en concretar rápidamente las intervenciones y atender los sectores identificados como especialmente vulnerables.

Las opiniones de los jefes comunales muestran coincidencias respecto de la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en territorios afectados por el crimen organizado, aunque persisten diferencias sobre las atribuciones que deberían asumir las Fuerzas Armadas y los instrumentos legales necesarios para su eventual participación.

La definición de los 50 barrios y el diseño específico de las intervenciones serán ahora elementos centrales para la implementación de la ACOT, junto con la discusión legislativa que requerirán las modificaciones propuestas por el Ejecutivo para ampliar las herramientas disponibles frente al crimen organizado. (NP-ChatGPPT-Emol)