Los alcaldes Mario Desbordes (Santiago), Jaime Bellolio (Providencia) y Sebastián Sichel (Ñuñoa) han intensificado la coordinación entre sus municipios frente al aumento de episodios de violencia escolar y el temor a nuevas movilizaciones en establecimientos educacionales.
Según autoridades municipales, existe una comunicación prácticamente diaria, que incluye grupos de WhatsApp e intercambio de información sobre intentos de tomas, amenazas, convocatorias en redes sociales y eventuales grupos organizados que participan en distintos colegios.
Los municipios sostienen como hipótesis que parte de las movilizaciones presentan componentes políticos y que algunos activistas se desplazan o mantienen vínculos entre diferentes establecimientos. Esta interpretación, sin embargo, corresponde al diagnóstico de las autoridades comunales y no implica que todos los episodios de violencia escolar tengan ese origen.
La preocupación aumentó tras distintos hechos ocurridos durante 2026. En Ñuñoa, el Liceo Augusto D’Halmar suspendió temporalmente sus actividades presenciales después de que un estudiante denunciara amenazas tras rechazar un “paro de lápices”.
En Santiago, en tanto, existe inquietud ante una eventual reaparición de los denominados “overoles blancos”, asociados a incidentes como lanzamiento de bombas molotov y daños en espacios públicos.
Aunque los establecimientos municipales de Santiago ya fueron transferidos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), el municipio sigue participando en acciones vinculadas con la seguridad de los colegios de la comuna. Durante el primer semestre de 2026 se abrieron 109 procesos por faltas graves y fueron expulsados 41 estudiantes, mientras el SLEP ha presentado al menos seis querellas por distintos incidentes.
La coordinación entre municipios también contempla el intercambio de propuestas legales y protocolos. Además, se han desarrollado mesas con autoridades del Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad Pública y la Delegación Presidencial Metropolitana.
Sichel explicó que una de las estrategias consiste en compartir alertas tempranas sobre eventuales tomas. Según el alcalde, esto permite anticiparse cuando existen indicios de acciones similares en establecimientos relacionados y coordinar respuestas con las autoridades correspondientes.
En Santiago se ha desarrollado además una red que reúne a más de 35 establecimientos públicos, particulares subvencionados y privados. Entre sus herramientas figuran un canal de WhatsApp con el municipio, el número municipal de emergencias 1406, la aplicación VECI, capacitaciones sobre responsabilidad penal adolescente y proyectos de iluminación y cámaras de vigilancia.
Pese a estos avances, persisten dificultades para construir una estrategia uniforme debido a las distintas realidades administrativas: mientras comunas como Santiago ya transfirieron sus establecimientos al sistema de SLEP, otras todavía mantienen la administración municipal de sus colegios. (NP-ChatGPT-La Tercera)
