A pocos días de su promulgación, la nueva Ley de Seguridad Municipal enfrenta sus primeros cuestionamientos técnicos. El foco de la polémica se centra en el artículo 14, el cual establece estrictas incompatibilidades para directores e inspectores de seguridad. La normativa prohíbe que estos funcionarios —o sus parientes directos— posean o participen en negocios sujetos a la fiscalización de su propia municipalidad, una medida que busca resguardar la probidad pero que, según diversos alcaldes, podría ser impracticable en la realidad de las comunas más vulnerables o pequeña
La ley define que el cargo de inspector es incompatible con tener vínculos económicos en la comuna, extendiéndose a:
- Vínculos directos: Dueño, poseedor o trabajador de actividades fiscalizables.
- Vínculos por parentesco: Cónyuges, convivientes civiles y parientes por consanguinidad hasta el segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos).
El debate divide a los alcaldes entre quienes piden flexibilidad para no paralizar la gestión y quienes exigen elevar los estándares de transparencia:
| ALCALDE / COMUNA | POSTURA | PROPUESTA / VISIÓN |
| Christopher White (San Bernardo) | Crítico | Exigir una declaración de intereses estricta en lugar de una prohibición total. |
| Daniel Reyes (La Florida) | Precavido | Urge un reglamento operativo que aclare cómo aplicar las inhabilidades de forma justa. |
| Maximiliano Luksic (Huechuraba) | Preventivo | Priorizar la contratación de personal que no resida en la misma comuna. |
| Agustín Iglesias (Independencia) | Crítico | Considera la medida “excesiva”, especialmente para comunas pequeñas con equipos reducidos. |
| Karina Delfino (Quinta Normal) | Cauta | El reglamento debe tener “sentido de realidad” ante parientes con negocios de larga data. |
| Felipe Alessandri (Lo Barnechea) | A favor | Ve razonable la medida para evitar presiones familiares, incluso en zonas populares. |
| Gustavo Alessandri (Zapallar/ACHM) | A favor | Apoya subir el estándar de probidad para enfrentar nuevos desafíos de corrupción. |
Mientras la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) anuncia la creación de una academia de capacitación para profesionalizar a los inspectores, la atención se traslada ahora a la Contraloría y al Ejecutivo, quienes deberán redactar el reglamento que defina la “bajada” operativa de estas restricciones. La ley, además de estas trabas, incorpora avances celebrados como el uso de elementos defensivos y nuevas agravantes penales por agresiones a funcionarios municipales.