La Contraloría General de la República (CGR) detectó eventuales vulneraciones a las normas de probidad administrativa y al deber de abstención en la Municipalidad de El Tabo, luego de establecer que el alcalde Alfonso Muñoz intervino en decisiones relacionadas con la contratación y permanencia de 24 funcionarios con quienes mantiene vínculos familiares o personales.

Los antecedentes forman parte de la Investigación Especial N° 596/2025, iniciada a partir de denuncias de un particular y de la concejala Karina Soto por eventuales contrataciones de personas cercanas al jefe comunal y otros funcionarios municipales.

Entre las 24 personas relacionadas con el alcalde se encuentran su cónyuge y dos hermanas, además de otros trabajadores con quienes mantiene relaciones de cercanía. Según la Contraloría, Muñoz participó en actos administrativos vinculados con esas situaciones laborales pese a la existencia de relaciones que exigían su abstención.

56 FUNCIONARIOS CON VÍNCULOS

La fiscalización estableció que el problema se extiende a otras áreas del municipio. En total, fueron identificados 56 funcionarios con relaciones familiares o personales con autoridades o directivos municipales.

De ellos, 16 mantienen vínculos con el director de Finanzas y nueve con el director Jurídico, incluyendo en este último caso a su cónyuge, un hermano y una tía. Otros siete funcionarios están relacionados con el director de Control.

Ante estos antecedentes, la CGR ordenó invalidar los actos administrativos observados, regularizar las situaciones contractuales y establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento del deber de abstención en futuras decisiones.

También instruyó que el puesto de secretario municipal sea provisto por un titular. Mientras aquello no ocurra, el actual subrogante deberá abstenerse de intervenir en asuntos relacionados con una funcionaria con quien mantiene una relación sentimental.

La auditoría detectó además irregularidades en el proceso mediante el cual trabajadores a honorarios fueron incorporados bajo el Código del Trabajo.

Según Contraloría, el municipio no disponía de antecedentes suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y tampoco había realizado estudios financieros que permitieran determinar el costo de esas incorporaciones.

Por ello, deberá elaborar una nómina de los trabajadores traspasados entre 2023 y 2025, calcular su impacto financiero y mantener esos antecedentes actualizados y publicados.

La municipalidad también tendrá que informar al concejo municipal y reportar a la Contraloría, dentro de 15 días hábiles, el estado de los sumarios instruidos durante la fiscalización. (NP-ChatGPT-La Tercera)