Este sábado se llevará a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el control de detención de Alberto Larraín, cofundador de la ONG ProCultura, junto a otras cuatro personas aprehendidas por la Policía de Investigaciones. La diligencia se enmarca en la investigación del denominado caso Convenios, específicamente en la arista que vincula a la fundación con el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”.
Entre los detenidos figuran María Constanza Gómez, representante legal de la ONG; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios; Evelyn Magdaleno, exfuncionaria del Gore RM; y Gabriel Prado, quien habría servido de nexo entre la gobernación y la entidad privada. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien lidera el equipo especial de investigación desde mayo de 2025, informó que durante la audiencia se comunicarán los delitos específicos por los cuales están siendo indagados, marcando este hito como la primera formalización relevante de esta arista.
La defensa de Larraín, encabezada por el abogado Cristián Arias, calificó de “innecesaria” la orden de detención, argumentando que su representado ha mantenido una colaboración constante con la justicia. Sin embargo, desde el entorno de otros imputados se ha deslizado que la investigación debería escalar hacia niveles superiores de autoridad. Alfonso Prado, abogado de Gabriel Prado, cuestionó el avance del desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y sugirió que los vínculos de Larraín podrían alcanzar incluso esferas de la presidencia.
Por su parte, el equipo legal del gobernador Orrego manifestó no haber sido notificado de nuevas gestiones y se encuentra a la espera de los alegatos por la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público, la cual esperan sea desestimada. El caso ProCultura ha sido objeto de un intenso trabajo investigativo que busca esclarecer posibles irregularidades en el traspaso de fondos públicos, en un contexto donde la probidad en los convenios estatales continúa bajo el escrutinio de la opinión pública y los organismos fiscalizadores. (NP-Gemini)