Con más de la mitad de los senadores conversó en las últimas semanas la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en la búsqueda de una carta de consenso para el nuevo fiscal nacional.
Se trata de uno de los nombramientos más importantes que realizará el Presidente Gabriel Boric durante su administración, más aún en vista de que el combate contra la delincuencia es una de las prioridades de la ciudadanía. Sin embargo, la decisión del Mandatario de proponer al fiscal metropolitano Centro Norte, José Morales, como nuevo jefe del Ministerio Público, requiere del consentimiento de 33 senadores (dos tercios de la Sala), lo que obligaba a generar un acuerdo entre oficialismo y oposición.
El hecho constituía una prueba de fuego para Marcela Ríos. De hecho, antes de que Boric optara por Morales, entre parlamentarios opositores y de sectores afines al Ejecutivo había dudas respecto de si la ministra tendría la capacidad de generar un acuerdo. Incluso, diputados de derecha mantienen latente la posibilidad de presentar una acusación constitucional en su contra por la negociación de las autoridades de Gendarmería con tres internos mapuche, recluidos en el penal de Angol, que fueron trasladados a otros recintos tras diversas presiones.
Si bien ella ha construido lazos con ciertos legisladores de la Comisión de Constitución que no son parte de las coaliciones gubernamentales -como los senadores Matías Walker (Demócrata), Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN)-, su principal problema son los puentes cortados que tiene con los representantes del oficialismo en esa instancia: Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (independiente-PPD).
Incluso, el senador De Urresti no alcanzó a tener una conversación presencial con Ríos en todo el proceso de consultas que realizó la titular de Justicia. Una de las razones que pudo haber contribuido a esa falta de comunicación fue que el legislador socialista estuvo fuera del país la semana pasada. En todo caso, sí hubo llamadas telefónicas entre la secretaria de Estado y el legislador PS, a quien se le avisó dos minutos antes que Boric escogería a Morales como carta para fiscal nacional.
En el oficialismo y en el Ejecutivo admiten que las relaciones de la ministra con De Urresti y con Araya (con quien sí tuvo algunas conversaciones presenciales) eran una complejidad.
Uno de los hechos que contribuyó a que se deteriorara el lazo entre Ríos y ambos senadores, actores clave para la agenda legislativa del Ministerio de Justicia, fueron las críticas que ella lanzó en una entrevista en La Segunda, en julio pasado, en momentos que el riesgo del fin de Senado estaba abierto por parte de las discusiones en la Convención Constitucional y generaba un ambiente de irritabilidad en el PS y el PPD. “El clima en el Senado ha estado muy marcado por las decisiones de la Convención. Uno puede empatizar con su molestia, pero en algunos casos el comportamiento hacia los ministros ha sido extremadamente descortés. He tenido varias ocasiones en comisiones donde el diálogo ha sido muy brusco. Es mi trabajo y no tengo problema, pero eso no le hace bien a la política ni al país”, dijo Ríos.
Esos comentarios derivaron en una dura respuesta de Araya, quien le pidió individualizar sus críticas o retractarse.
Desde entonces la relación entre la ministra y los senadores oficialistas en la Comisión de Constitución no ha mejorado. Ello obligó a que ella buscara intermediarios y otros representantes en estas conversaciones por un nuevo fiscal.
El problema es que De Urresti y Araya son parte de los votos en duda para la eventual ratificación de Morales, que suman a los cinco senadores de Apruebo Dignidad (PC, RD y FREVS), más otros tres socialistas y una representante del PPD.
Aunque en el gobierno y en el oficialismo creen que finalmente estarán los apoyos para ratificar la propuesta de Boric, votación que se realizará el próximo miércoles, en la derecha la situación tampoco está completamente despejada: los doce senadores de RN y los tres de Evópoli mantienen en suspenso sus decisiones.
“Lo estamos conversando”, dijo Felipe Kast (Evópoli) al ser consultado por su pronunciamiento en una entrevista en T13 Radio.
Por su parte la bancada UDI anunció su respaldo a Morales, pero también podrían desmarcarse algunos de sus integrantes, como el representante de Aysén, David Sandoval, que planteó que podría abstenerse.
El vaticinio que existe en el Ejecutivo es que el postulante a fiscal nacional contará con las mayorías de todas las bancadas, independiente de las disidencias y la probable división del oficialismo.
Incluso, a pesar de que Apruebo Dignidad no apoye la proposición presidencial debido al rol de Morales en los casos Cascada y de colusión de las farmacias, la proyección que existe entre algunos senadores es que el PS aportará 4 votos, el PPD cinco, la UDI ocho, RN alrededor de diez, Evópoli tres, la bancada DC-Demócrata otros tres, además del republicano Rojo Edwards. Con ello llegarían justo al quórum de 33 senadores.
El problema es que si más legisladores se desmarcan, la proposición de Boric sería rechazada, propinándole una severa derrota al Ejecutivo.
Uno de los factores que el gobierno no ponderó en sus consultas preliminares es que en este tipo de decisiones las distintas bancadas no actúan en forma monolítica. Si bien la ministra Ríos conversó con casi todo el oficialismo, algunos senadores de derecha se quejan que no fueron consultados.
“Faltó mayor diálogo de parte de la ministra. Es una decisión demasiado importante. Si bien estos se realizan habitualmente entre jefes de bancada y jefes de partidos, también hay que entender que dentro de los 50 senadores todos tenemos opinión”, comentó el senador UDI Gustavo Sanhueza.
“La ministra de Justicia no ha hablado conmigo. Hay varios senadores con los que la ministra no ha conversado”, añadió el senador independiente-RN, Juan Castro.
No obstante, al margen de todas estos comentarios, para algunos senadores el problema de fondo es otro: la falta de redes que tiene la ministra Ríos, socióloga y cientista política, dentro del mundo de los abogados.
Ello fue un factor que pesó cuando la Suprema elaboró la quina de postulantes, de la que debía escoger el Presidente Boric, ya que quedaron fueron de carrera las cartas preferidas de La Moneda para fiscal nacional.
Si bien cada ministro de la Suprema podía marcar tres votos, las cartas más afines al gobierno -la secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo, y la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz– solo obtuvieron dos votos cada una.
Al final, el Presidente Boric tuvo que escoger en una lista de personas, de las cuales ninguna satisfacía completamente sus expectativas. Inicialmente, la idea del Ejecutivo era apostar por la abogada Marta Herrera, jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, pero el veto de parte de la derecha y de algunos sectores oficialistas, obligaron a Boric a optar por Morales.
A juicio del senador socialista, Juan Luis Castro, el problema inicial fue la “falta de prolijidad” de parte del máximo tribunal del país a la hora de definir la quina. “Hubo un interrogatorio de diez minutos, con un discurso unilateral sin preguntas, sin capacidad de ir al fondo y que querían para el futuro del país. Me pareció un proceso alivianado. Y después de hechau la quina, la ministra de Justicia habló con todos los sectores”.
“Pese a no ser abogada, que fue una crítica que se le hizo, ha sabido desplegarse en un escenario adverso. Y yo tenía claro que la candidata original de La Moneda (Marta Herrera) tenía complicaciones”, añadió Castro.
En defensa de la ministra también se manifestó el senador Walker. “A los ministros hay que juzgarlos por sus resultados en su agenda legislativa. Hemos trabajado bien con la ministra, sacamos el proyecto complejo del nuevo Servicio de Reinserción Juvenil, el proyecto que tipifica el delito de explotación sexual, la Ley Tamara por lo tanto, más allá de las designaciones, donde siempre puede haber controversias, hemos tenido una buena coordinación con la ministra”. (La Tercera)
