Una investigación se encuentra en desarrollo luego de que una estudiante de 13 años agrediera con un arma blanca a una alumna de siete años al interior del colegio Islas de Chile, en la comuna de La Granja. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes y motivó la activación de protocolos judiciales, educativos y de protección de la infancia.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía Metropolitana Sur, la agresión se produjo cerca de las 10:30 horas, cuando la adolescente, quien es inimputable por su edad, salió al baño durante una clase de educación física. Las circunstancias precisas que desencadenaron el ataque continúan siendo investigadas por la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, por instrucción del Ministerio Público.

La estudiante afectada sufrió múltiples heridas cortopunzantes y fue trasladada al Hospital Padre Hurtado, desde donde recibió el alta médica durante la tarde del mismo día, luego de constatarse que las lesiones no comprometían su vida. Según los antecedentes conocidos, algunos de los cortes no fueron detectados inicialmente debido a los protocolos vigentes para la atención de menores de edad, lo que generó diferencias entre la información entregada en un primer momento y la evaluación médica posterior.

Respecto de la agresora, distintas diligencias han permitido establecer que enfrenta un complejo contexto familiar y que había participado previamente en diversos programas de apoyo y acompañamiento impulsados por el establecimiento educacional. Las autoridades investigan si la estudiante experimentó un episodio de desregulación emocional antes de concretar la agresión, la que, según los antecedentes disponibles, se produjo tras un encuentro fortuito con la víctima en el sector de los baños. La familia de la menor lesionada indicó que ambas estudiantes no mantenían una relación previa.

Tras lo ocurrido, el establecimiento activó el procedimiento contemplado en la Ley Aula Segura, medida que implica la suspensión provisoria de la estudiante mientras se desarrolla la investigación administrativa. Paralelamente, el Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral evalúa presentar una denuncia por una eventual vulneración de derechos que afectaría a la adolescente involucrada.

Como parte de las medidas adoptadas, el colegio suspendió las clases durante la jornada siguiente para realizar actividades de contención dirigidas a docentes, directivos y asistentes de la educación, además de reuniones informativas con los apoderados. El retorno de los estudiantes fue acompañado por equipos de apoyo especializados para brindar asistencia socioemocional a la comunidad educativa.

La Superintendencia de Educación inició una fiscalización de oficio para verificar la correcta aplicación de los protocolos de convivencia escolar y de protección de las estudiantes involucradas, además de remitir los antecedentes a la Oficina Local de la Niñez. Por su parte, representantes de la Dirección de Educación Pública visitaron el establecimiento para supervisar las actuaciones adoptadas tras el incidente.

Especialistas en convivencia escolar señalaron que este tipo de episodios responde a múltiples factores que trascienden el ámbito educativo, destacando la influencia de los entornos familiares y la importancia de fortalecer las estrategias preventivas, el desarrollo de habilidades socioemocionales y el acompañamiento permanente dentro de las comunidades escolares. Asimismo, advirtieron que, si bien los casos de violencia escolar generan alta preocupación pública, es necesario analizarlos en su contexto para evitar generalizaciones sobre el sistema educativo en su conjunto. (NP-ChatGPT-Emol)