La acusación constitucional que prepara la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, se ha convertido en una prueba para la unidad del oficialismo. La posibilidad de que parlamentarios de derecha respalden la iniciativa mantiene en alerta al Gobierno del presidente José Antonio Kast, que busca evitar una fractura en su base política.

La controversia se produce después de que legisladores oficialistas solicitaran la salida del ministro, petición que el Mandatario ha descartado. Pese a ello, algunos representantes del sector evalúan apoyar la acusación, en un escenario marcado por encuestas que sitúan la aprobación presidencial entre el 22% y el 25%.

Desde La Moneda, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, expresó confianza en que los parlamentarios oficialistas respaldarán al titular de Justicia. Para fundamentar su posición, sostuvo que, según sus antecedentes, desde 1990 ningún legislador de gobierno ha votado a favor de una acusación constitucional contra una autoridad de su propia administración.

El episodio ha reabierto comparaciones con la crisis que enfrentó el segundo gobierno de Sebastián Piñera durante la discusión del primer retiro de fondos previsionales, en julio de 2020. En aquella oportunidad, 13 parlamentarios oficialistas respaldaron la iniciativa pese al rechazo del Ejecutivo, lo que provocó fuertes tensiones en Chile Vamos, la suspensión temporal de reuniones del comité político y renuncias en la bancada de Renovación Nacional.

El analista político Daniel Mansuy advirtió, en una columna publicada en El Mercurio, que la controversia por Rabat podría generar una división semejante. A su juicio, la posibilidad de que legisladores de derecha apoyen la acusación constitucional constituye uno de los principales riesgos para el Gobierno.

Mansuy recordó que la pérdida de respaldo parlamentario durante los retiros previsionales debilitó considerablemente a la administración Piñera. En ese contexto, cuestionó la ausencia de una cultura de coalición suficientemente consolidada desde el inicio del actual gobierno.

Una preocupación similar manifestó Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), quien advirtió que una ruptura entre los partidos oficialistas perjudicaría tanto al Presidente como a las fuerzas políticas que lo respaldan.

Alvarado planteó que La Moneda debe revisar la forma en que comunica y coordina sus decisiones con las directivas partidarias y las bancadas parlamentarias. Asimismo, llamó a los partidos a considerar las consecuencias de sus actuaciones y a evitar que el Mandatario termine políticamente aislado, como ocurrió con Piñera durante parte de su segundo mandato.

Más crítico fue el analista Max Colodro, quien sostuvo que la acusación constitucional podría transformarse en un escenario especialmente complejo para el oficialismo, debido al rechazo ciudadano que ha generado la rebaja de condenas.

Según Colodro, exigir a los parlamentarios de gobierno que defiendan la continuidad de Rabat podría provocar nuevos desmarques y profundizar las tensiones internas. En su evaluación, la salida del ministro antes de una eventual votación sería la alternativa para evitar consecuencias políticas difíciles de revertir.

La discusión enfrenta así al Ejecutivo con una doble dificultad: sostener su respaldo al ministro de Justicia y, al mismo tiempo, mantener cohesionada a una coalición cuyos parlamentarios deben responder ante sus propios electores por una decisión ampliamente cuestionada.

Aunque la acusación constitucional todavía se encuentra en preparación, su eventual votación aparece como un momento decisivo para medir la capacidad de conducción política de La Moneda y la solidez de los acuerdos entre los partidos que sustentan al Gobierno. (NP-ChatGPT-Emol)