La acusación constitucional contra el exministro Pardow debilita esa independencia y sienta un precedente que pone en riesgo a otras agencias. Como hay buenas razones para que los Estados se doten de este tipo de entidades, está en riesgo el buen funcionamiento del Estado y la viabilidad de asociaciones público-privadas.
Kydland y Prescott justifican agencias independientes por la inconsistencia temporal de decisiones. El Estado tiene interés en que haya inversiones suficientes y oportunas en el sector eléctrico. Para ello, diseña una regulación que provea señales de precio que atraiga inversiones. Sin embargo, si quien fija los precios no es independiente, la tentación de cualquier gobierno será impedir alzas de precios en algunas circunstancias, como en elecciones. Si el mercado cree esto, la idea de que precios atractivos viabilicen inversiones suficientes y oportunas será un espejismo. La menor independencia de la agencia aleja inversiones y pone en riesgo el interés público de provisión de energía.
Por su parte, Rosanvallon sostiene que la legitimidad democrática también se basa en la imparcialidad, la competencia y la eficacia del Estado. Las agencias independientes juegan una “función de contrademocracia”: no sustituyen al gobierno democrático, pero lo complementan y limitan, al asegurar que las decisiones públicas respondan a criterios objetivos, no a intereses políticos de corto plazo.
La acusación constitucional amenaza este tipo de instituciones. Si debido a que no se involucró directamente en el cálculo de un precio hecho por una agencia independiente, además de perder su cargo, el ministro arriesga una acusación constitucional, no hay que ser muy perspicaz para vislumbrar tres consecuencias.
Primero, los ministros se dotarán de equipos que revisen los cálculos de las agencias que dependen del ministerio. Esto duplicará costos y funciones y retrasará procedimientos. Luego nos quejaremos de la ineficiencia del Estado. Segundo, personas muy capacitadas para ejercer un cargo no querrán correr estos riesgos que ponen en peligro su reputación profesional. El nivel medio de los futuros ministros será peor.
La tercera es más grave. Si los ministros sienten que su rol no solo es velar por la integridad del procedimiento de fijación tarifaria, sino que pueden revisar las fórmulas, ¿qué impide que futuros ministros cuestionen las proposiciones técnicas de la agencia independiente? ¿Qué impide que se fijen precios bajos, justo en un período electoral?
Por su naturaleza, este riesgo es enorme en sectores como el eléctrico, sanitario, carreteras, puertos e infraestructura en general. En ellos, una vez instalado el capital fijo, un gobierno populista tendrá interés en fijar precios bajos.
Esto pasó en Argentina cuando Kirchner llegó al poder: fijó precios bajos a inversiones en gas natural hechas durante los años 90. Las empresas no tenían escape. Al inicio no se notó, pero la carencia de inversiones posteriores produjo cortes de gas y luz en ese país. Gradualmente, eso llevó al corte del suministro a Chile.
Esta acusación constitucional, de ser exitosa, sienta precedentes con implicancias negativas de primer orden en lo institucional y económico. Esta lógica intervencionista a la CNE se le podría aplicar al INE, superintendencias (Pensiones, Servicios Sanitarios) y, en el extremo, al propio Banco Central.
Las agencias independientes pueden cometer errores. Sin embargo, sería peor que por ello el Congreso abra una puerta que arriesgue la independencia de la CNE y ponga en riesgo la de otras agencias. El Estado funciona mucho mejor con agencias independientes que sin ellas.
Guillermo Larrain
FEN, Universidad de Chile
