El CDE, por mandato legal, debe defender los intereses del fisco, no sustituir el criterio de las instituciones técnicas y proteger el cumplimiento de los contratos públicos. Un acuerdo que permite el incumplimiento de obligaciones derivadas de concursos públicos no solo compromete el caso concreto, sino que erosiona la confianza en el sistema mismo. El daño a la fe pública de que las bases de licitación son inmutables y vinculantes es, sin duda, más grave que el eventual riesgo financiero de una sola empresa. Más inquietante resulta que, tras este acuerdo, la propia Wom haya declarado su interés en participar en la compra de un competidor. Hay que cuidar de no aparecer como que a una empresa se la “salva” de sus incumplimientos, para luego verla intentar concentrar mercado, exactamente lo contrario del objetivo esgrimido por la autoridad —mantener competencia en el sector— para justificar su auxilio.
Recuperar un bien nacional de uso público por incumplimientos contractuales, aplicar las multas previstas y reordenar el concurso, habría sido —además de lo legalmente exigible— económicamente más beneficioso para el Estado y para la competencia. (El Mercurio Cartas)
Gabriel Osorio
Abogado
