La implementación del acuerdo de reconducción de ciudadanos extranjeros hacia Bolivia ha marcado un hito en la gestión fronteriza nacional. Según el último informe del Servicio Nacional de Migraciones, entre marzo de 2025 y enero de 2026, un total de 4.027 personas han sido devueltas al país vecino tras ser detectadas ingresando por pasos no habilitados, principalmente en la zona de Colchane.
Este mecanismo, establecido en la Ley de Extranjería y Migración de 2022, logró destrabarse con el país altiplánico tras complejas negociaciones que incluyeron acuerdos en transporte, visas laborales y autorizaciones sobre infraestructura energética. Del total de reconducidos bajo este convenio, los ciudadanos venezolanos representan la mayoría con un 44,9%, seguidos de cerca por ciudadanos bolivianos con un 41,7%.
Las cifras globales revelan que, desde la puesta en marcha de esta herramienta en 2022, se han realizado más de 19.000 reconducciones a nivel nacional. Las autoridades salientes destacaron la eficacia de la medida, subrayando que cambios normativos realizados en 2024 permitieron ampliar el radio de acción de las fuerzas de seguridad hasta 10 kilómetros tierra adentro desde la línea fronteriza, optimizando el volumen de detecciones.
Sin embargo, el futuro de esta herramienta administrativa enfrenta un debate jurídico ante las nuevas prioridades del Gobierno de José Antonio Kast. La reciente urgencia otorgada al proyecto de ley que tipifica el ingreso irregular como delito ha levantado alertas entre expertos y exautoridades, quienes advierten que la judicialización de la migración podría frenar la agilidad de las reconducciones actuales al traspasar la competencia desde el ámbito administrativo al Ministerio Público.
Mientras la actual administración busca endurecer las sanciones penales para quienes eluden el control fronterizo, diversos sectores recalcan que la solución definitiva requiere un enfoque regional y diplomático. El debate parlamentario que comienza esta semana será crucial para definir si la reconducción seguirá siendo la herramienta primaria de control o si será desplazada por procesos penales que podrían derivar en penas de presidio. (NP-Gemini-La Tercera)