En prisión preventiva quedó Miguel Apablaza, el sujeto que se habría hecho pasar por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para concretar el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde las dependencias del organismo, ubicado en la comuna de Santiago, quien ya se encontraba privado de libertad en la cárcel de Puente Alto.
De igual manera, a Elena Rojas, abuela del imputado, y en cuyo hogar fueron encontrados los 23 computadores, se le dictó la medida de arresto domiciliario total.
En Mirada Líbero, conversamos con Cristián Aros, abogado de HM Seguridad, empresa a cargo de la seguridad del inmueble, y representante de los dos guardias que sufrieron el robo.
El abogado precisó que el delincuente primero llamó a los guardias a un teléfono fijo y que en esa instancia les pidió un número celular para seguir la conversación. Aquella segunda llamada duró 44 minutos aproximadamente. Según lo relatado por los guardias, el abogado señaló que “la imagen que ven sobre la pantalla sería el perfil de fisionomía del ministro de Desarrollo Social, y que también sería su voz. Con las horas de la noche, la oscuridad, la poca claridad, al guardia le pareció de todo sentido que era el ministro el que le estaba dando instrucciones a través del teléfono”.
Aros agregó que quien estaba al otro lado del teléfono “conocía las instalaciones, las dependencias, los lugares, sabía que tenía que sacar los computadores de tal piso. Además, le pregunta al guardia con quién se encuentra, y él dice que estaba en compañía de su otro compañero de labores, y después le indica quién más hay. En ese momento, se encontraba una supervisora del aseo y ella también ve al ministro, lo visualiza como tal, lo saluda, y sigue la conversación y siguen las peticiones”.
El abogado señaló que en esa fase, “los guardias le habría indicado que algunos de los computadores estaban con candado. Le dice que fuera a tal lugar y que ahí, efectivamente, hay un napoleón con el cual podría cortar los candados, porque los necesita urgente y van en camino a buscarlos”.
Respecto a las medidas que tras este robo ha tomado la empresa de seguridad -que también tiene contratos con otros ministerios-, Aros indicó que “estamos haciendo una investigación intensa y un sumario, y producto de esto estamos viendo protocolos establecidos. A través de un supervisor se informó a todos los guardias que prestan servicio de que estrictamente queda prohibido hacer ingreso a personas que no están debidamente acreditadas”.
En esta línea, Aros manifestó que “existe mucho las situaciones en que el jefe de servicio se va a su casa y dice ‘Juanito, va a venir la empresa Papeles S.A. y va a traer 20 resmas, no te dejo el documento pero recíbelas y que las deje en el pasillo’. O que dicen: ‘vienen a sanitizar o desratizar los estacionamientos’. Con eso, el guardia deja constancia en el libro que vino la empresa tal y se agrega el carnet de identidad, y hace eso porque previamente lo dice un jefe de servicio. Existen irregularidades actualmente y se da”.
“Lamentablemente, lo que ocurrió es un hecho grave, y se han dado las directrices en cuanto a informar a todo el resto de los guardias, tanto los que laboran en el Estado, como en otras entidades privadas, de tener este hecho como ejemplo, y se están indicando las directrices para que esto no vuelva a ocurrir”, aseguró el abogado. (El Líbero)
