El fiscal nacional, Jorge Abbott, envió un oficio al Senado el 27 de diciembre respondiendo a una petición de parlamentarios de Chile Vamos. Según se lee en el escrito, los legisladores le habían solicitado acelerar la situación procesal del desaforado senador UDI Iván Moreira, quien fue formalizado por la facilitación de nueve boletas ideológicamente falsas emitidas al grupo Penta, por un total de $ 38 millones.
En concreto, los senadores Hernán Larraín (UDI) y Andrés Allamand (RN) requirieron al jefe del Ministerio Público que “se le dé la mayor celeridad posible a la investigación por la cual ha sido desaforado, atendiendo que se afectan los quórums necesarios para la aprobación de leyes y para no afectar la voluntad popular expresada en el reciente acto eleccionario”.
Al respecto, Abbott respondió a los senadores que “cabe precisar que la investigación en la cual se encuentra imputado el senador está a cargo del fiscal regional metropolitano Oriente, por resolución del 30 de noviembre de 2015, suscrita por el fiscal nacional Sabas Chahuán, la cual se encuentra vigente”.
Así, explicó a los parlamentarios que teniendo presente quién es la persona a cargo de la investigación penal y “de acuerdo al artículo 17 letra A de la Ley Orgánica Institucional del Ministerio Público que le prohíbe al fiscal nacional impartir instrucciones u ordenar, realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares (…), no es posible acceder a lo solicitado”.
Asimismo, Abbott les señaló que remitió la petición al fiscal a cargo del caso Penta, Manuel Guerra, para que analice la solicitud.
Además, el 19 de diciembre el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó un incidente de nulidad presentado por la defensa de Moreira, quien buscaba que se fijara una fecha de audiencia para la preparación del juicio oral de su representado. (La Tercera)
