El expresidente tiene en parte razón: la ley aprobada en 2008 se puede convertir —algunos dirían que se está convirtiendo ya— en una de las mayores trabas al desarrollo del país, y su impacto va mucho más allá de la industria del salmón. Pero matarla (uno supone que Frei quiso hacer un punto político y se refiere a derogarla) no es el camino. Veamos.
La ley 20.249 permite a comunidades indígenas —no solo mapuche-lafkenche, sino cualquier comunidad o asociación aymara, colla, chango, diaguita, quechua, licanantai, rapanuí, yámana, kaweskar oselknam— solicitar que se reconozca legalmente su relación ancestral con áreas del borde costero. La ley se hizo, uno puede suponer, con buenas intenciones: proteger prácticas tradicionales —como la pesca artesanal, actividades religiosas, medicinales o recreativas— que han sido ejercidas por esas comunidades durante años. Hasta ahí, atendible.
Pero el problema es cómo funciona la ley. El procedimiento comienza cuando una comunidad presenta una solicitud a la Subsecretaría de Pesca para declarar un área como Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios o ECMPO. Desde ese momento —cuando se presenta la solicitud, no cuando se aprueba, y este es el primer problema— se congelan todas las solicitudes de terceros sobre esa misma área: concesiones marítimas, permisos para acuicultura, pesca artesanal, puertos, turismo, desaladoras, un cable de fibra óptica o cualquier otro. Es decir, cualquier proyecto en esa área queda paralizado hasta que se resuelva la solicitud.
En teoría, todo este trámite debiera demorar cerca de un año. Pero en la práctica, los procesos aprobados han tardado en promedio casi seis años, y los que aún están pendientes superan los siete. Mientras tanto, cientos de otros proyectos siguen congelados.
Y están paralizados —esto es importante— aunque hayan iniciado su solicitud antes que la comunidad indígena pida el ECMPO. O sea, si alguien inició el trámite para obtener una concesión marítima para hacer una desaladora hace dos años —la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas se demora, en promedio, casi tres años en otorgarlas, por lo que el supuesto no es descabellado— y tiene la mala suerte de que alguna comunidad pide un ECMPO en esa zona, entonces su solicitud queda parada hasta que se resuelva si el ECMPO se otorga o no. Kafkiano.
Otro problema del proceso: la Conadi debe verificar que efectivamente haya existido uso consuetudinario, lo que es muy difícil de hacer. Si una comunidad sostiene, por ejemplo, que hacía ceremonias religiosas navegando en embarcaciones, ¿cómo verifica un funcionario de la Conadi que es así?, ¿cómo define la zona geográfica que se debe proteger para cuidar ese uso? Porque ojo, la ley no establece un límite de hectáreas que una comunidad o asociación puede solicitar.
Y no solo eso: la ley dice que basta con haber hecho ese uso dos veces en 10 años. Es decir, si una comunidad muestra —vaya uno a saber cómo, pero supongamos que lo hace— que hizo dos ceremonias religiosas en una bahía en la última década, entonces la ley le da derecho a que esa bahía completa se convierta en un espacio protegido bajo su administración. ¿No será mucho?
El impacto territorial es gigantesco: ya se han aprobado ECMPO por más de 200 mil hectáreas, equivalentes a dos veces la superficie urbana de Santiago, y hay solicitudes pendientes por más de 3 millones, cubriendo casi toda la costa desde La Araucanía hasta Los Lagos.
Al repasar cómo opera la ley y entender sus impactos, uno empatiza con la frustración y el llamado a matarla del expresidente, un líder político que no digamos se caracteriza por la exuberancia. Y es que la Ley Lafkenche es quizás el mejor ejemplo (o el peor) de lo que pasa cuando una política con intenciones razonables se lleva al límite del absurdo. Cuando se pierde toda proporcionalidad, cuando se legisla para defender los intereses de una minoría, sin ninguna consideración por el interés general.
Matar la ley no es el camino, porque hay usos indígenas que es razonable proteger. Pero es necesario reformarla muy a fondo. Y hacerlo rápido.
Primero, porque sus efectos adversos sobre diversas actividades van a seguir expandiéndose, y no solo en el sur: es cuestión de tiempo para que este fenómeno de parálisis en la costa chilena se extienda a la zona centro y norte. Y se va a extender no solo para proteger legítimos usos indígenas, sino porque el espacio que abre la ley para instrumentalizarla con el fin de frenar el desarrollo es demasiado grande.
Y segundo, porque el absurdo de la ley debilita la propia causa de los pueblos indígenas. Cuando se busca proteger sus legítimos intereses a cualquier precio —o a toda costa, podríamos decir—, lo que termina pasando es que la legitimidad de sus demandas se erosiona y el apoyo político que se requiere para lograr de una vez por todas resolver los temas pendientes con los pueblos originarios se debilita. Y ese sí es un problema que debería preocuparnos a todos. (El Mercurio)
