Al finalizar septiembre quiero detenerme en las relaciones exteriores, que es donde el sentido de la nación se expresa de modo más evidente y donde se juega fundamentalmente el prestigio del país. En este terreno, septiembre no trajo ninguna buena noticia.

Lo más relevante, por sus implicancias, es la suscripción del Escudo de las Américas.

El gobierno lo ha presentado como un mecanismo para intercambiar información sobre el crimen organizado y como una declaración política sin mayores compromisos, casi como un convenio con una ONG. El canciller llegó a decir que “no hubo firma”. Pero quienes encabezan la iniciativa lo describen de otro modo. Para el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para el secretario de Guerra, Pete Hegseth —ahora que el Departamento de Defensa cambió de nombre—, y para el propio embajador de Estados Unidos en Santiago, se trata de algo serio, que sí genera obligaciones o que, al menos, no le permite a un presidente decir que no las genera.

En suma, Chile cree que firmó una cosa y Estados Unidos cree que Chile firmó otra. Y como es Washington quien conduce el Escudo de las Américas, será Washington quien decida qué es exigible. La prueba vendrá más temprano que tarde, el día en que se nos pida algo en nombre de ese acuerdo. Ahí sabremos cuál de las dos lecturas era la verdadera.

Aquí caben dos explicaciones: o el gobierno se autoengaña, o nos ofrece una versión más digerible de lo que suscribió. Me inclino por lo segundo; no creo que nuestra diplomacia haya ignorado el texto al cual adhería. Pero el efecto es el mismo: mientras más explicaciones da el gobierno, más cae el prestigio del país, porque Chile aparece suscribiendo documentos que entiende de un modo distinto que sus socios. Para una cancillería que siempre se preció de su profesionalismo, eso ya es un problema.

Se dice también, en defensa de la adhesión que había que sumarse porque nuestros vecinos lo hicieron. Pero se omite que no lo hicieron los dos gigantes de América Latina, México y Brasil, que han sido siempre un eje de nuestra política exterior, más allá de quién los gobierne. Separarnos de ellos no nos conviene. Había una salida sensata: seguir como observadores. Es lo que hizo Chile cuando Lula nos invitó a la cumbre de los BRICS: el Presidente Gabriel Boric asistió, porque la relación con Brasil lo justificaba, pero jamás pensó en incorporarse a un bloque cercano a China. Ahora, en cambio, nos sumamos a la coalición de la otra potencia.

Un segundo elemento que se debe considerar para analizar las relaciones exteriores: al inicio de su mandato, el gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró el apoyo a la ex presidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Es cierto que Bachelet terminó bajando su candidatura en septiembre, pero eso no altera lo esencial: fue su propio país el que primero la dejó sola. Chile siempre respaldó a los suyos por encima de sus colores: el presidente Sebastián Piñera apoyó a José Miguel Insulza en su reelección en la OEA, y el gobierno del presidente Gabriel Boric respaldó a Andrés Allamand para la Secretaría General Iberoamericana. El ejemplo contrario vino de afuera: la derecha dura que hoy gobierna Costa Rica sostiene la candidatura de Rebeca Grynspan, que fue vicepresidenta de un gobierno socialdemócrata y que hoy es una de las que tiene más posibilidades de llegar a la Secretaría General de la ONU. En esto, la derecha costarricense le dio una buena lección a la chilena.

Ninguna de estas decisiones liquida por sí sola nuestra política exterior, pero la va desdibujando. Es lo que ocurre cuando se entra a una alianza que la mitad del país rechaza, y se le niega el apoyo en una candidatura a una compatriota que fue dos veces presidenta de la República. La política de relaciones exteriores deja de ser una política de Estado.

¿Por qué importa todo esto? Porque Chile fue pobre mientras vivió encerrado, dependiendo de su demanda interna, y se convirtió en el país más próspero de América Latina cuando se abrió al mundo. La apertura fue nuestra reforma estructural más importante, y descansa en algo que no se transa en ninguna bolsa: la confianza. Le compran a Chile e invierten en nuestro país porque es una democracia confiable, respetuosa de las reglas y partidaria del multilateralismo. Todo lo que dañe esa reputación toca el corazón de nuestra prosperidad. Ya la afectó la reforma constitucional que proponía una cuasi dictadura legal, que hoy ha sido afortunadamente retirada. Y la daña nuestra presencia en el Escudo de las Américas, que se mira con recelo en Europa y en todo Occidente, salvo en el entorno de Trump.

Hoy por hoy, a seis meses del gobierno del Presidente Kast, ninguna de las agujas con que se mide un gobierno se ha movido en sentido positivo. La economía volvió a caer en septiembre, el desempleo llegó a 9,6%, el más alto en cinco años, y la delincuencia sigue como antes. La euforia de que todo se arreglaría rápido se disipó, y el argumento que culpaba a la herencia recibida se extingue. El gobierno promete resultados en el mediano y el largo plazo; la gente, que apenas llega a fin de mes, vive en el corto plazo. Ese descalce es hoy su verdadero riesgo político.

Cualquiera diría que ese escenario es ideal para la oposición. Sin embargo, la oposición prácticamente no existe. Y tiene el peor de los muchos defectos que puede tener una oposición, que no es equivocarse ni ser dura: es ser intrascendente. Critica cada cifra, pero no ofrece una sola propuesta alternativa, y por eso su voz no pesa en ninguna decisión.

La manera de volverse trascendente no es oponerse a todo. Es sentarse a acordar con el gobierno lo que el país necesita. Esa es la oposición que empieza a pesar en la política, la que el gobierno no puede ignorar. Y hoy mismo hay tres mesas servidas para hacerlo.

La primera es la reforma al mercado de capitales, que busca facilitar el acceso a la vivienda, el ahorro y el financiamiento de las empresas, y que ya cuenta con simpatías en ambos lados del Congreso. La segunda es la ley de presupuestos, que comienza a discutirse en estos días y que en lo esencial es un buen proyecto de presupuesto: ahí la oposición puede exigir que el gasto se concentre más en inversión y empleo, que es lo que la gente necesita ahora. La tercera mesa es la seguridad, donde nadie puede darse el lujo de la trinchera, porque el crimen organizado no distingue entre votantes de uno y otro lado.

Lo aprendimos en los noventa: quien propone y acuerda, gobierna un poco, aunque no esté en La Moneda. Quien solo se opone, no gobierna nunca. (Ex Ante)

Enrique Correa