Tuve la suerte de ver recientemente la película Nuremberg. El juicio del siglo. La película, muy bien realizada y con estupendas actuaciones, está inspirada en el libro El nazi y el psiquiatra, del periodista estadounidense Jack El-Hai (Planeta México 2014), que entrega una muy bien documentada crónica de la relación entre los jerarcas nazis juzgados en Nuremberg -en particular Hermann Göring- y el psiquiatra estadounidense al que correspondió la tarea de velar y dictaminar acerca de la salud mental de los prisioneros.

El film es capaz de desarrollar una trama en que la intriga y el suspenso no están ausentes, aunque todos conozcamos el desenlace de lo ocurrido, pero, sobre todo, nos muestra dramáticamente la situación creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esa situación, cuyo acto final tuvo lugar en Nuremberg, significó que por primera vez en la historia unos vencedores juzgaran y castigaran a los dirigentes de los vencidos sobre la base de su superioridad moral, no jurídica, puesto que no existía un marco jurídico internacional de referencia. El acto final, el juicio en Nuremberg, suponía el establecimiento de ese marco jurídico: la creación de un derecho internacional al cual deberían ajustarse en el futuro las conductas, no sólo en la guerra sino también en la paz, de gobernantes y jefes militares.

En su presentación de apertura -momento muy bien logrado en la película- el Fiscal principal en el juicio, el juez estadounidense Robert H. Jakcson, predijo que las guerras por venir iban a ser todas “mundiales” y, dirigiéndose a los jueces del tribunal señaló, “jamás debemos olvidar que el registro en que hoy juzgamos a estos acusados es el mismo con que la historia nos juzgará mañana”. Así pues, el juicio de Nuremberg era vivido -probablemente incluso por los acusados- como un momento fundacional. Aquel en que la humanidad avanzaba desde de la ley del más fuerte a la primacía del derecho en el plano internacional.

Pero es probable que muchos de quienes vieron la película hayan experimentado la misma sensación que experimenté yo al revivir la magnitud de ese momento: frustración. Porque la realidad que siguió nunca se ha ajustado a su noble objetivo original debido a que la promesa ofrecida contenía, desde su origen, una debilidad estructural que la anulaba: no existía -ni entonces ni después- un órgano capaz de someter a las grandes potencias a la misma vara que ellas aplicaban a otros. El derecho internacional nacía, así, bajo la sombra de una pregunta incómoda: ¿era verdaderamente derecho o sólo otra forma, quizás más sofisticada, de ejercicio del poder del más fuerte?

Esa pregunta encontró una respuesta brutal en la invasión a Irak en 2003, impulsada por el gobierno de George W. Bush. La justificación central de esa invasión fue la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en manos del régimen iraquí, un argumento presentado con solemnidad ante la comunidad internacional, incluyendo el discurso del entonces secretario de Estado Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquella intervención fue decisiva, pues en ella el diplomático estadounidense, que antes había sido jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de su país, ofreció pruebas de la existencia de tales armas. Esas pruebas con el tiempo se revelarían infundadas o directamente falsas, sin embargo, bastaron para construir una coalición internacional y legitimar, al menos formalmente, una acción militar que de otro modo habría encontrado resistencias mayores. La guerra se desencadenó y el régimen iraquí cayó a un costo enorme: más de cien mil muertos, una región desestabilizada y un país sumido en el caos.

Una guerra que ocasionó más de cien mil vidas perdidas, entre militares y civiles, había sido originada por una realidad inventada. Sin embargo, no hubo tribunal, proceso y ni siquiera acusación o señalamiento de presuntos culpables a quien o quienes fueran responsables de esa tragedia. La promesa enunciada por el fiscal Jackson en Nuremberg se disolvió en la realidad de un sistema internacional incapaz de juzgar a quienes detentan el poder suficiente para evitar ser juzgados.

En 2014 Rusia invadió y anexó Crimea, hasta ese momento parte de Ucrania y en 2022 invadió ese país iniciando una guerra que hasta hoy se prolonga. Ambos episodios han sido calificados por muchos como violaciones al derecho internacional, sin embargo, la inexistencia de un poder coercitivo autónomo, de un mecanismo efectivo para imponer sus decisiones, impide que el presunto violador de ese derecho sea acusado por alguien y demuestra que el derecho mismo -el sueño del fiscal Jackson- no existe en la práctica.

Por cierto, subsisten instituciones que intentan llenar ese vacío, como la Corte Penal Internacional. Sin embargo, en la realidad el alcance de esta institución, así como la de tribunales internacionales creados para juzgar casos específicos -como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia establecido en 1993 por las Naciones Unidas- depende de la voluntad de las potencias. Actualmente ni Estados Unidos ni Rusia reconocen a la Corte Penal Internacional y habría bastado que uno de estos dos países, o China, se hubiesen opuesto para que el Tribunal para la ex Yugoslavia no se hubiese creado.

La guerra que sostienen en este momento Estados Unidos e Israel contra Irán parece llamada, inevitablemente, a repetir este patrón. Las justificaciones esgrimidas -centradas en la amenaza nuclear iraní- evocan los argumentos utilizados en 2003. Incluso esas justificaciones presentan inconsistencias evidentes pues el propio presidente de los Estados Unidos había declarado, tras el ataque llevado a cabo en junio del año pasado a instalaciones nucleares iraníes y en el cual se utilizó la llamada “superbomba” (GBU-57A/B), que la capacidad nuclear de Irán había sido «completamente aniquilada» u «obliterada».

El resultado de esta guerra está a la vista: destrucción, pérdida de miles de vidas humanas, desestabilización regional y efectos económicos globales que alcanzan incluso a países distantes como Chile. Es de esperar que la guerra concluya pronto no obstante las amenazas mutuas de destrucción total (en el momento de escribir esto el Presidente de los Estados Unidos amenazaba a Irán de retornarlo a la Edad de Piedra “a la que pertenece”) y probablemente ocurrirá sin un vencedor aparente mientras los adversarios negocian nuevos mecanismos de control del desarrollo nuclear de Irán (o sea algo que podría haber ocurrido sin necesidad de la guerra). Pero los daños no serán responsabilidad de nadie, porque a nadie se le exigirá que rinda cuentas.

Así, el registro que el fiscal Jackson creía estar construyendo en 1946 se mostrará nuevamente inexistente. Y seguirán sintiéndose frustrados quienes, como yo, hayan tenido la oportunidad de ver una estupenda película que muestra que la promesa de Nuremberg de un mundo en el que incluso vencedores y poderosos podrían ser juzgados por las mismas reglas que imponían, sigue siendo una tarea pendiente o quizás imposible. (El Líbero)

Álvaro Briones