Si juzgamos el período de Frei Ruiz-Tagle por sus resultados económicos, es uno de los mejores gobiernos que haya tenido el país. La tasa de crecimiento promedio de esos seis años, después de Aylwin es la más alta de los siete gobiernos que van desde 1990 hasta 2021: Aylwin, 7,2; Frei, 5,33; Lagos, 4,8; Bachelet, 3,3; Piñera, 5,3; Bachelet 1,8, y Piñera, 2,0. Y ello no obstante que el precio del cobre fue el más bajo de esos siete gobiernos (US$ 0,99 la libra, que se compara con US$ 3,04 de Bachelet I y US$ 3,59 de Piñera I).
Bajo Frei, la inflación se desplomó desde un promedio de 22,1% cuando Aylwin, a otro de 6,9% anual. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, bajó 3,6 puntos, registro solo superado por el período de Lagos, para luego estabilizarse.
Pero el gobierno de Frei fue mucho más que crecimiento económico, pues también tenía en su centro la transición. En su compromiso con los derechos humanos Frei mostró firmeza, como fue la petición de renuncia al general director de Carabineros, por el “caso degollados”, o la detención de Manuel Contreras, que tomó casi seis meses, que elevó la tensión con el Ejército a muy altos niveles y que, sin duda, fue la decisiva derrota que el poder democrático infligió a los aparatos represivos de la dictadura.
La reforma y cambio en la composición de la Corte Suprema permitió la incorporación de nuevos jueces, que llevaron a una agilización de las causas de derechos humanos al punto que cien días después que abandonara el poder, la Corte de Apelaciones acordó el procesamiento y desafuero de Pinochet como encubridor de 57 homicidios. Estos avances, que fueron decisivos, se lograron en el marco de una creciente normalización en las relaciones con las Fuerzas Armadas.
La modernización del Estado fue otro de sus grandes objetivos. Muchos de los rasgos de esta acción figuran señalados por la Comisión Nacional de Ética Pública que él creó. Su gobierno fue el primero en incorporar la transparencia y la probidad, como bases de la administración del Estado, dando origen a una legislación que sucesivos gobiernos fueron perfeccionando. Se puso en marcha la auditoría interna del gobierno y se sentaron las bases de lo que luego sería el sistema de compras del sector público.
Como lo señaló en una reunión de los más altos funcionarios del Estado, realizada recién asumida la presidencia, creía que habían colapsado no solo las economías centralmente planificadas, con su ineficiencia y burocratismo, sino también aquella forma de Estado interventor que caracterizó a las democracias occidentales a contar de la reconstrucción después de la II Guerra Mundial.
Su idea de un Estado moderno lo condujo a dar un impulso sin precedentes a las concesiones viales. Cerró las minas de carbón; incorporó el gas natural a la matriz energética y construyó la última megarrepresa hidroeléctrica que ha conocido el país. Privatizó las empresas sanitarias, y abordó la modernización de los puertos, el sistema de aduanas y la industria de las telecomunicaciones. Dictó los reglamentos que permitieron establecer el primer Sistema de Evaluación Ambiental. Abrió la economía al exterior, y aunque no logró completar el TLC con Estados Unidos, sí pudo hacerlo con México, Canadá y más de una docena de otros países.
La modernización que postulaba significaba, además, un cambio en las políticas sociales. Creía que el añejo populismo que terminaba vulnerando el crecimiento, que aumentaba la inflación y el déficit fiscal, debía ser rechazado como política y, asimismo, la idea de que la justicia social sería el resultado del mercado.
Frei asumía que había cambiado el rostro de la pobreza y que era necesaria una política distinta. Extendió su preocupación a ese 40% de la población que vivía la pobreza de un modo distinto y que se definían como trabajadores, clase media baja o simplemente familias que vivían en la privación o escasez.
La conciencia de estas injusticias en el acceso a las oportunidades, como la situación de esas familias donde los niños van a la escuela básica y al liceo, pero reciben una educación de precaria calidad, llevó a su gobierno a establecer una reforma educacional que significó hacer universal la educación media y establecer la jornada escolar completa. En otro plano, la realidad de aquellos sectores que en el caso de violación de algunos de sus derechos tenían un difícil acceso a la justicia (si es que lo tenían), llevó a su gobierno a impulsar la reforma procesal penal, crear el Ministerio Público y la Defensoría Pública.
En estos días de polarización y estridencia es útil recordar el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, que supo hacer avanzar el país en crecimiento económico, respeto a los derechos humanos, modernización del Estado e impulsar una más justa distribución de las oportunidades hacia los sectores más pobres. (El Mercurio)
Genaro Arriagada
