Si bien a la Presidenta le ha resultado difícil reunirse con las víctimas del terrorismo en La Araucanía, al ciudadano medio le resulta fácil hacerlo, porque ellas suman centenares, y miles quienes viven atemorizados por las amenazas y acciones terroristas. Las víctimas de quienes dicen representar al pueblo mapuche son agricultores, pequeños y medianos emprendedores, camioneros, policías y funcionarios. La situación es delicada porque se volvió cotidiana y nos vamos acostumbrando a ella. Nos acostumbramos a la quema de iglesias, casas, cosechas y maquinaria agrícola, y a escuchar que los camiones pueden circular hoy, en ciertas rutas, solo en caravana y escoltados por la policía.
Gobiernos extranjeros miran eso sí con azoro la degradación de la paz social en Chile y advierten a sus ciudadanos del peligro que corren aquí. Estados Unidos es claro: «Individuos violentos y grupos activistas que reclaman compensaciones han incendiado iglesias, hogares y campos, y atacado camiones, buses y maquinaria agrícola causando destrucción a la propiedad, heridos e incluso muertes». En su advertencia, Washington recomienda a sus ciudadanos cautela al ir a La Araucanía.
También ex presidentes se han referido al tema: esta semana, Sebastián Piñera dijo que en esa región «el Estado de Derecho se ha debilitado», y hace poco Ricardo Lagos manifestó que es necesario «aplicar el Estado de Derecho en La Araucanía». La Sofofa declaró que este ya no existe allí, y Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, recordó que el número de maquinarias destruidas asciende a 400, y que no descarta una nueva protesta de su gremio. Por otro lado, la gran mayoría de los chilenos considera que el Gobierno afronta mal el tema y no parece empeñado en promover soluciones efectivas.
Medios internacionales informan también regularmente sobre los atentados. Esta semana, el politólogo peruano Ricardo Escudero estableció semejanzas entre las acciones en La Araucanía y el inicio del terrorismo de Sendero Luminoso en Perú y de las FARC en Colombia. Escudero concluye su columna con una advertencia: «Y si hasta ahora en Chile no se dan cuenta algunos, se lo decimos con mucha autoridad desde el Perú que no se trata de violencia rural, sino de terrorismo».
Da la impresión de que a la impericia gubernamental para enfrentar las acciones terroristas se agrega, empeorándolo todo para todos, mapuches y no mapuches, el profesionalismo de los activistas de La Araucanía. Estos operan a todas luces inspirados en experiencias guerrilleras de América Latina.
El manual «La guerra de guerrillas», de Ernesto Guevara (1960), pareciera que fue escrito para ellos. El Che enfatiza ahí la necesidad de «amedrentar, si es necesario, a los grandes terratenientes que pretendan vender sus productos agropecuarios, quemar los vehículos que transiten por las carreteras y bloquearlas…». Describe también los efectos del sabotaje: «Se paraliza la vida de la (zona) misma; es conquistada… Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades cercanas a las zonas de operaciones guerrilleras». Y precisa: «Uno de los puntos más débiles del enemigo es el transporte por carretera y ferrocarril. Es prácticamente imposible vigilar metro a metro un transporte, un camino, un ferrocarril». Añade el Che: «De todas maneras, el sabotaje es siempre un arma eficacísima». Y puntualiza: «…la nocturnidad es otra característica importante de la guerrilla».
Guevara propone etapas «superiores» para la acción: desde dinamitar puentes hasta instalar bombas teleactivadas y ejecutar sin piedad a los representantes del «viejo orden» que continúen viviendo en los «territorios liberados». Recomienda además «detener la vida industrial de una zona, quedando los habitantes… sin industria, sin luz, sin agua, sin comunicaciones, sin poder arriesgarse a salir sino a determinadas horas por una carretera». «Muerde y huye -sugiere el Che-, espera, acecha, vuelve a morder y así sucesivamente».
Negarse a aceptar que las acciones de violencia en La Araucanía obedecen al mismo guión que ya tuvo trágico, demoledor y sangriento desarrollo en otros países latinoamericanos es pecar, cuando menos, de ingenuidad. El Estado de Derecho ha caído lamentablemente de rodillas ante experimentados activistas que pretenden sustituirlo, al menos en dicha región, por un régimen que aún no definen, y que solo pueden imponer si logran intensificar la lucha y neutralizar al Estado chileno. La Moneda tiene una delicada responsabilidad histórica que asumir, y que no puede seguir dilatando ni eludiendo. (El Mercurio)
