La Fiscalía Metropolitana Sur solicitó al Departamento de Extranjería para que emita un informe con todos los viajes fuera del país que ha realizado el padrastro de Erika Olivera, Ricardo Olivera Barraza, en el marco de la investigación en su contra por presuntos abusos sexuales y violación. Ello, para establecer si es posible interrumpir el plazo de prescripción de las agresiones que hace una semana hizo públicas la atleta y que sustentan la indagatoria que lleva adelante el fiscal de Puente Alto, Cristián Galdames.
Lo anterior, porque de acuerdo a la legislación chilena, la prescripción de delitos con penas de crimen ocurre diez años después desde el día en que se hubiere cometido el hecho. No así respecto de ilícitos de este tipo cometidos posteriormente a la entrada en vigencia de la ley 20.207, en 2007, que establece que la prescripción en delitos sexuales contra menores, se computará desde el día en que éstos alcancen la mayoría de edad.
El requerimiento es parte de una serie de diligencias instruidas por el Ministerio Público tras el inicio de la investigación, luego de la denuncia presentada por Olivera ante la Policía de Investigaciones, donde asegura haber sido violentada durante 10 años por el ciudadano argentino, cuando ella era menor de edad. Los hechos fueron relatados por la mujer en una entrevista a la revista Sábado, publicada el pasado fin de semana. A raíz de la misma, el domingo Olivares Barraza abandonó el país el por el Paso Los Libertadores, aparentemente, rumbo a Mendoza. Mientras, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía ya tomó contacto con Erika Olivera y su familia, y se espera que una vez en Chile, la deportista -actualmente en Brasil preparándose para los Juegos Olímpicos- preste declaración ante el Ministerio Público.
Emol
