El 19 de marzo de 2015, Michelle Bachelet firmó un nuevo instructivo presidencial sobre buenas prácticas en materia de declaración de intereses y patrimonio.
La ceremonia se realizó en el salón Montt-Varas de La Moneda, y contó con la presencia de todos los ministros, además de presidentes de partidos y parlamentarios. En ese momento, la jefa de Estado planteó este nuevo instructivo como una señal de compromiso por parte del gobierno para avanzar en la agenda anticorrupción.
En su discurso, Bachelet advirtió que el reglamento obligará a las autoridades a entregar declaraciones de patrimonio e intereses “con información completa y veraz”, respecto de inversiones, tasaciones fiscales y comerciales de bienes inmuebles y vehículos, información sobre créditos y deudas, además de depósitos y cuentas bancarias, entre otras cosas.
A partir de la fecha de implementación de los nuevos formularios, todos los ministros y subsecretarios del gabinete publicaron en un sitio web habilitado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) sus nuevas declaraciones.
Sin embargo, de un total de 23 secretarios de Estado, según la información disponible ayer, siete de ellos optaron por acogerse a la ley 19.628, que permite la protección de ciertos datos de carácter personal.
Así, al revisar las declaraciones patrimoniales se observa que parte importante de su contenido, incluyendo detalles como tasaciones fiscales y comerciales solicitadas por la propia Presidenta Bachelet, son omitidas con la frase “dato personal no público”.
Los ministros que optaron por acogerse a esta opción legal de omisión de información son Claudia Pascual (Sernam), Aurora Williams (Minería), Carlos Furche (Agricultura), Carmen Castillo (Salud), José Antonio Gómez (Defensa), Marcos Barraza (Desarrollo Social) y Natalia Riffo (Deportes) .
Así, en estas declaraciones se informa, por ejemplo, detalles como el año y modelo de los automóviles que se encuentran inscritos a sus nombres, pero no publican el valor de los vehículos.
Lo mismo sucede con las propiedades. En gran parte de las declaraciones se publica el conservador de bienes raíces en el que está inscrito el terreno o inmueble respectivo. Sin embargo, no se detalla la tasación fiscal, su valor comercial, ubicación o el rol de avalúos. Esto, pese a que esta información es requerida en el nuevo formulario aprobado por la Mandataria en marzo del año pasado.
Por otro lado, entre los ministros que optaron por publicar toda su información patrimonial, o gran parte de ella, se encuentran Jorge Burgos (Interior), Heraldo Muñoz (RR.EE.), Javiera Blanco (Justicia), Máximo Pacheco (Energía), Luis Felipe Céspedes (Economía), Marcelo Díaz (Segegob), Nicolás Eyzaguirre (Segpres), Pablo Badenier (Medioambiente), Paulina Saball (Vivienda), Víctor Osorio (Bienes Nacionales), Andrés Gómez-Lobo (Transportes), Rodrigo Valdés (Hacienda) y Ximena Rincón (Trabajo).
En la plataforma de la Segpres no se encuentran publicadas las declaraciones de Adriana Delpiano (Educación) ni de Ernesto Ottone) Cultura.
Pero la omisión de información no sólo se registra en ministros. La misma situación se observa en el caso de 15 de los 32 subsecretarios del gabinete.
Por ejemplo, el subjefe de la cartera de Interior, Mahmud Aleuy, sólo incluyó su nombre completo en su declaración de patrimonio, publicada el 28 de abril de 2015. Todo el resto del formulario aparece bajo la frase “dato personal no público”.
De acuerdo al instructivo promovido por la Presidenta Bachelet, el próximo 11 de marzo todas las autoridades deberán actualizar sus datos y, a su vez, volver a optar por acogerse o no a la ley de protección de información.
