Ayer se dio a conocer la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso «Omar Humberto Maldonado Vargas y otros versus el Estado de Chile». En ella, el tribunal declaró «responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación al derecho de protección judicial» en perjuicio de 12 ex miembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), condenados por sedición y traición a la patria por consejos de guerra, entre 1973 y 1974. Entre ellos estuvo el general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta.
Según los demandantes, el año 2001 la Corte Suprema rechazó un recurso de revisión, por lo cual acudieron a la instancia internacional.
Entre las razones esgrimidas por el tribunal con sede en Costa Rica está el «no habérseles ofrecido un recurso efectivo para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura». Se consideró también que el Estado de Chile actuó con «excesiva demora» en investigar los abusos en contra de Iván Rojas Ravanal, Alberto Bustamante Rojas, Álvaro Yáñez del Villar y Omar Humberto Maldonado Vargas. Dentro de las reparaciones, la Corte estableció la realización de un acto público más la ejecución de un pago de $217 millones «por concepto de daño inmaterial y por reintegro de costas y gastos».
