Cincuenta y siete páginas tiene el escrito que fue presentado el miércoles en la noche al 4° Juzgado Civil -al límite del plazo establecido- donde el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín respondió a las objeciones que fueron planteadas a la cuenta final de la administración del convenio judicial preventivo de Wiesner S.A.
Fue en esa gestión donde vendió los tres terrenos de Machalí, los cuales fueron comprados por Caval -empresa de la cual son socios Mauricio Valero y Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet- en $6.500 millones en enero de 2014.
El convenio del cual se hizo cargo en julio de 2011 tenía por objeto liquidar los activos pertenecientes al matrimonio de Patricio Wiesner y Helga Riffart, antes de que declararan la quiebra.
Las objeciones fueron planteadas por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR), el deudor y dos de los bancos acreedores (Bci y Rabobank).
Una de las observaciones transversales que plantearon a la cuenta final del síndico fue la contratación y honorarios pagados al ex militante UDI, Juan Díaz, a quien se le pagaron $415 millones para cambiar el uso de suelo de los terrenos y gestión de potenciales compradores de los predios.
Así, en el documento entregado al tribunal, se indica que «sin perjuicio de que los servicios del Sr. Juan Díaz sí fueron contratados y sí fueron prestados, pagándose efectivamente honorarios por estos, este síndico reconoce que los mencionados honorarios no cumplieron con la formalidad de ser aprobados por la comisión de acreedores de manera expresa, es así que (…) pone a disposición del tribunal» la suma de $415.354.524 por intermedio de dos documentos bancarios.
La ex Superintendencia de Quiebras había objetado justamente que los honorarios pagados a Díaz no se encontraban aprobados por la comisión y decía que la solución para rectificar esta falta era que se aprobaran o «reintegrar al presente convenio» esa suma.
ARGUMENTACIÓN
Con la respuesta del síndico, dice, se daría por subsanada esa observación, como también la respuesta al deudor y los otros acreedores.
Según el abogado del síndico, Ciro Colombara, el dinero se pone a disposición del Juzgado Civil debido a que en las proposiciones de convenio se establece que «de haber un remanente, pagado el 100% de los acreedores -como aquí ocurre- se podrá destinar» a la sociedad Wiesner S.A., a Wiesner o Riffart.
En el acápite sobre los pagos a Juan Díaz, en el documento se señala que en el convenio se entregaba el mandato al síndico para «efectuar labores o trámites administrativos que fueran necesarios para modificar la zonificación o uso de suelo de los inmuebles (…) a fin de mejorar su valorización comercial».
Y se agrega que «si bien este trámite no alcanzó a estar concluido, sí se avanzó lo suficiente para sextuplicar el valor de los inmuebles y asegurar el pago del 100% de los acreedores, incluso a pagarse un remanente» al deudor, por un monto de $2.364 millones.
Además, se expone que la gran parte de los honorarios de Díaz se hicieron «una vez pagados todos los acreedores». Para Colombara, los valores pagados «fueron a precio de mercado».
Con el monto «puesto a disposición» también se subsanaría la objeción a uno de los dos contratos de Chadwick con Díaz y que respecta a la gestión de posibles compradores de los predios, el cual fue firmado en mayo de 2014, siendo que los terrenos se vendieron en enero, lo que fue puesto en duda, ya que era «incongruente en cuanto a su objeto y vigencia».
CORREOS
Uno de los documentos que acompañó el síndico es una cadena de mails entre él y su equipo, Patricio Wiesner, Alex Wiesner y los abogados de estos, entre los meses de agosto y septiembre de 2011. Con esto se intentaría demostrar que existiría un conocimiento por parte del deudor de la contratación de Díaz y de sus pagos, según dice Colombara.
Ahora, el proceso sigue: si los objetantes aún no quedan conformes con estas respuestas, será el tribunal civil el que resolverá, previo informe entregado por la superintendencia, si aprueba, rechaza u ordena rectificar la cuenta al síndico. En caso de ser negativa, esta es una causal de remoción de la nómina de síndicos que lleva el Ministerio de Justicia.
