Los desafíos que enfrentamos como país en materia de salud mental no son pocos, tampoco fáciles. Tenemos, por un lado, una alta prevalencia de problemas de salud mental: uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad (Termómetro ACHS-UC, 2025), el 13% reporta vivir con depresión (Termómetro ACHS-UC, 2025), y el 69% de los chilenos identificó la salud mental como el problema más urgente, liderando ranking de 31 países (Monitor de Servicios de Salud Ipsos, 2024). Por otro lado, y como parte del mismo problema, una oferta programática profundamente desvinculada de quienes la necesitan: solo el 20% de las personas afectadas recibe tratamiento (Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025, MINSAL), 1,3 millones de personas – a pesar de tener síntomas – no consultan o no pueden acceder a atención (Termómetro ACHS-UC, 2025), y los tiempos de espera en el sistema público superan los 236 días (Informe Anual INDH, 2024). Esta doble condición—alta prevalencia y baja cobertura—revela un sistema que no logra responder a las necesidades reales de la población.
Frente a este escenario, el modelo comunitario de salud mental emerge como una respuesta pertinente y eficaz. Este enfoque reconoce cómo las condiciones sociales, territoriales y relacionales determinan la salud mental, y activa los recursos y capacidades de las personas y comunidades locales para trabajar colaborativamente en la prevención y promoción de su propio bienestar. Al priorizar estrategias colectivas y preventivas, complementando la atención clínica individual, este modelo puede ampliar significativamente la cobertura y el acceso a servicios. Para materializar este enfoque, los gobiernos locales emergen como entidades estratégicas por varias razones, de las cuales destacaremos dos:
Proximidad. La cercanía que tienen los gobiernos locales con las personas y comunidades les permite conocer en profundidad la realidad del territorio y la heterogeneidad socioeconómica y sociocultural que lo caracteriza. Esto facilita el diseño e implementación de estrategias en salud mental ajustadas a las particularidades de cada contexto y población, garantizando no solo su pertinencia, sino también su efectividad y sostenibilidad en el tiempo.
No obstante, este potencial no se actualiza por sí solo. Si el trabajo de los gobiernos locales sigue haciéndose a puertas cerradas, basándose únicamente en la pericia de autoridades, académicos y profesionales, persistirá la distancia más que la proximidad, y con ello la descontextualización que tanto aqueja a las políticas y programas sociales, no solo en materia de salud mental.
Por ello los gobiernos locales deben hacer partícipes a las comunidades locales en la política de salud mental, promoviendo su participación no solo en la fase de diagnóstico a modo de consulta, sino también en su diseño, implementación y evaluación, reconociendo y validando su experiencia, sus reflexiones y aprendizajes, y los recursos desarrollados a partir de ella.
Esto genera beneficios mutuos. Los gobiernos locales mantienen sus políticas actualizadas y en sintonía con el conocimiento situado de las comunidades, aumentando su efectividad. Las comunidades, por su parte, desarrollan progresivamente capacidades y recursos que les permiten ejercer mayor agencia sobre su propia salud mental. Se configura así una sinergia institucional-comunitaria orientada al bienestar colectivo.
Liminalidad. Desde un modelo positivo, que va más allá de la ausencia de enfermedad y comprende que la salud mental es un fenómeno multidimensional, se desprende la necesidad de un trabajo multinivel e intersectorial que involucre entidades de diversa naturaleza. Quienes hemos trabajado en el sector público sabemos lo complejo que es la coordinación entre actores institucionales, sobre todo cuando depende de su disponibilidad y disposición.
En este sentido, los gobiernos locales, por su posición de interfaz entre lo institucional y lo comunitario, tienen un potencial único para catalizar estos procesos de articulación y trabajo conjunto en materia de salud mental, activando y fortaleciendo redes con los sectores público, privado y comunitario en distintos niveles: ministerios, subsecretarías, programas, hospitales, universidades, escuelas, organizaciones sociales, familias y otros actores relevantes del territorio. Ahora, no se trata de coordinar a todos simultáneamente, sino de activar redes específicas según necesidades: articular establecimientos educacionales con familias para estrategias promocionales, conectar servicios de salud con organizaciones comunitarias para acompañamiento territorial, o vincular instituciones académicas con equipos locales para fortalecimiento de capacidades y sistematización de experiencias. Esta articulación estratégica es viable para los gobiernos locales justamente por su conocimiento respecto a qué entidades, qué relaciones, para qué objetivos específicos.
Por otro lado, se puede pensar que depositar responsabilidades de salud mental en los gobiernos locales profundizaría las desigualdades: municipios con mayores recursos serían más efectivos que aquellos con menos capacidades, que justamente son los más vulnerables. Sin embargo, fortalecer el rol de los gobiernos locales en materia de salud mental requiere que a nivel central se garantice las condiciones para ello, por ejemplo, mediante redistribución presupuestaria y/o acompañamiento técnico permanente.
Un modelo comunitario de salud mental necesita actores con capacidad de conjugar conocimiento especializado con conocimiento situado, promover la participación comunitaria, y articular redes para el trabajo intersectorial. Los gobiernos locales poseen estas características por su proximidad y liminalidad. El desafío está en crear el ecosistema institucional que permita a cada territorio—independientemente de su tamaño o recursos—desarrollar estrategias pertinentes a su realidad. (Red NP)
Paris Gamonal Corbalán
Académico de la Facultad de Psicología UNIACC
