La provincia de Chubut enfrenta una catástrofe ambiental y social sin precedentes en las últimas dos décadas. Al cierre de este informe, el fuego ha consumido más de 21.000 hectáreas de bosque nativo, plantaciones y pastizales en la zona cordillerana. La emergencia ha golpeado con fuerza a las localidades de Epuyén y El Hoyo, donde el Gobierno provincial confirmó que al menos 24 viviendas han sufrido daños de consideración, además de la destrucción total de dos complejos turísticos e infraestructura crítica.
El foco más devastador se originó el 5 de enero en el sector de Puerto Patriada, donde las llamas ya han devorado 13.600 hectáreas. Simultáneamente, el Parque Nacional Los Alerces, un área protegida de inmenso valor ecológico, reporta cerca de 6.000 hectáreas quemadas, mientras que en la zona de El Turbio se contabilizan 3.000 hectáreas afectadas, aunque este último foco se encuentra controlado en un 90% gracias a la labor de los equipos de emergencia.
DESPLIEGUE TÉCNICO Y HUMANO
Para combatir el avance del fuego, se ha desplegado un operativo masivo que incluye:
Personal en terreno: 646 personas, entre brigadistas forestales, bomberos de distintas provincias (incluyendo refuerzos de Córdoba), voluntarios y personal de apoyo logístico.
Recursos aéreos: 14 aeronaves operan en la zona, destacando helicópteros con helibalde, aviones anfibios y un avión hidrante de gran porte con capacidad para descargar 15.000 litros de agua por operación.
Afectación vial: Se han registrado cortes intermitentes en la Ruta Nacional 40 debido a la baja visibilidad y la cercanía de las llamas, lo que ha dificultado las evacuaciones masivas de turistas y residentes.
INVESTIGACIÓN Y CONTROVERSIA POLÍTICA
El origen de los siniestros está bajo estricta investigación judicial. En Puerto Patriada, el hallazgo de restos de combustible refuerza la tesis de la intencionalidad, por lo que la fiscalía ha iniciado peritajes para identificar a los responsables. El Gobierno nacional vinculó preliminarmente estos ataques con supuestos grupos radicalizados mapuches; sin embargo, el fiscal Carlos Díaz Mayer desmintió categóricamente que existan pruebas que sustenten dicha hipótesis en la investigación formal, calificando la acusación como «alejada de la realidad».
Desde el ámbito civil, organizaciones como Greenpeace han denunciado una grave falta de prevención estructural. Las críticas apuntan al desfinanciamiento de las políticas de manejo del fuego y de alerta temprana por parte de la administración de Javier Milei, argumentando que la reducción de recursos para brigadistas y equipos de combate ha limitado severamente la capacidad de respuesta ante la magnitud de este desastre climático y social. (NP-Gemini-Emol)
