El Ejecutivo ingresó este lunes con carácter de suma urgencia el proyecto de negociación colectiva multinivel, también conocida como negociación ramal. La iniciativa representa la última gran pieza de la agenda laboral de la administración de Gabriel Boric. Según el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, esta ley busca fortalecer la autonomía de los sectores productivos para acordar salarios y condiciones laborales de manera colectiva, permitiendo que sindicatos y empleadores pacten estándares comunes para rubros completos, como la minería o el comercio.
ESTRUCTURA DEL MODELO MULTINIVEL
El proyecto propone superar el esquema actual de negociación por empresa individual, estableciendo tres niveles diferenciados para adaptarse a la realidad de las distintas compañías:
Nivel Sectorial: Acuerdos marco para toda una rama económica.
Nivel Intermedio: Adaptaciones según subsectores o agrupaciones.
Nivel Empresa: Negociaciones específicas que respeten los pisos sectoriales. Desde la CUT, su presidente José Manuel Díaz calificó el envío como el pago de una «deuda histórica» de más de 30 años con el movimiento sindical, asegurando que esta herramienta es clave para avanzar hacia el trabajo decente en Chile.
ESCENARIO ADVERSO Y SEÑAL POLÍTICA
A pesar del entusiasmo oficialista, el panorama legislativo es complejo. Con solo semanas para el término del periodo gubernamental y un fuerte rechazo de los gremios empresariales —quienes alertan sobre efectos negativos en la inversión y el empleo—, analistas sugieren que el ingreso del proyecto funciona más como una señal política hacia la base de apoyo del Gobierno que como una ley con posibilidades reales de ser despachada. La falta de un consenso transversal y el foco del Congreso en otras prioridades de la transición dificultan su avance inmediato.
DESAFÍO PARA LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN
La tramitación de la negociación ramal quedará como uno de los temas de mayor fricción para el inicio del mandato de José Antonio Kast. El sector empresarial ha solicitado que estas reformas sean revisadas bajo el prisma de la competitividad y la flexibilidad, mientras que el oficialismo saliente busca dejar establecido un precedente sobre el fortalecimiento del poder sindical. La discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara será el primer termómetro para medir si existe algún espacio de negociación técnica o si el proyecto quedará archivado por falta de quórum.
CAMIONEROS EN CONTRA
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), liderada por Juan Araya, oficializó su rechazo al proyecto de ley de negociación ramal ingresado por el Gobierno con suma urgencia. El gremio argumenta que intentar aplicar un modelo de negociación colectiva multinivel en un sector tan heterogéneo como el transporte terrestre —donde conviven grandes flotas con pequeños propietarios— «complejizará por completo el mercado laboral». Según la CNDC, la diversidad de las empresas hace inviable la definición de beneficios comunes sin perjudicar la sostenibilidad financiera de los actores más pequeños.
IMPACTO EN EL SECTOR TRANSPORTE
Para el directorio de la confederación, la propuesta generará distorsiones que afectarán directamente la competitividad del rubro. Entre sus principales aprensiones destacan:
Prejuicio a las Pymes: El gremio advierte que las pequeñas y medianas empresas representan el 90% del sector, y que obligarlas a estándares de grandes corporaciones podría forzar cierres o aumentar la informalidad.
Acuerdos Cupulares: Existe el temor de que se establezcan convenios entre dirigencias sindicales y grandes empresarios que no reflejen las necesidades reales de los trabajadores de base ni de los propietarios de camiones.
Desconexión con la Productividad: El gremio enfatiza que los salarios y beneficios deben estar indexados a la productividad de cada empresa individual y no a promedios sectoriales artificiales.
LLAMADO AL CONGRESO
La declaración pública concluye con un llamado explícito a los parlamentarios para que rechacen la iniciativa en su trámite legislativo. La CNDC sostiene que la actual normativa ya permite acuerdos voluntarios y que imponer una estructura ramal solo añadirá rigidez a un mercado que requiere flexibilidad para enfrentar las variaciones de costos (combustibles, peajes e insumos). Esta postura se suma a la de otros grandes gremios como la CPC y la Sofofa, quienes también han alertado sobre los riesgos de esta reforma en las postrimerías de la actual administración. (NP-Gemini-Emol-Bio Bio)
