La bancada de Renovación Nacional, encabezada por Frank Sauerbaum y Carla Morales, manifestó su «profunda preocupación» ante el reciente fallo de la Corte Suprema que acata una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La resolución internacional obliga al Estado de Chile a dejar sin efecto la figura de la «media prescripción» aplicada en crímenes de lesa humanidad, lo que derivará en el reingreso a prisión de exagentes de la dictadura y el aumento de penas para otros 24 condenados.
En una carta enviada a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clarke, los legisladores advirtieron que el cumplimiento de esta sentencia podría consolidar prácticas contrarias al «principio de legalidad» y al «debido proceso». Según los parlamentarios, modificar sentencias penales que ya estaban firmes para aumentar penas sin una norma legal previa que habilite dicha revisión sienta un precedente complejo en materia jurídica.
IMPACTO INMEDIATO: KRASSNOFF Y CORBALÁN CON AUMENTO DE PENAS
La decisión de la Corte Suprema, que desestimó cualquier vulneración a la soberanía nacional al acoger el mandato internacional, tiene efectos concretos sobre 30 exagentes del Estado. Entre los resultados de esta revisión destacan:
4 exagentes deberán volver a centros penitenciarios de forma inmediata.
24 condenados verán un incremento en sus penas actuales, lista que incluye a figuras emblemáticas como Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán.
2 sentenciados quedaron bajo reclusión domiciliaria total debido a su avanzada edad.
Pese a que los diputados de RN enfatizaron que no buscan desconocer la gravedad de los delitos cometidos, señalaron que la defensa de los derechos humanos no debe implicar la «relativización» de las garantías judiciales básicas de cualquier procesado.
EL ORIGEN DEL FALLO: CASO VEGA GONZÁLEZ VS. CHILE
El mandato de la Corte Suprema responde al caso conocido como Vega González y otros Vs. Chile, fallado por la CIDH en marzo de 2024. El tribunal internacional determinó que Chile violó las garantías judiciales de 44 víctimas de desaparición forzada al aplicar, entre los años 2007 y 2010, reducciones de condena basadas en el tiempo transcurrido (media prescripción), lo cual fue calificado como «inconvencional».
Además de la anulación de estas rebajas de pena, la CIDH ordenó al Estado chileno implementar medidas de reparación que incluyen tratamientos psicológicos para los familiares de las víctimas y el pago de indemnizaciones económicas, estableciendo que en los juicios originales se impidió a las familias presentar argumentos en contra de las reducciones de condena. (NP-Gemini-La Tercera)
