Tras cerrar un 2025 con un alza en ventas del 20% —impulsada principalmente por el subsidio estatal a la tasa de interés hipotecaria—, la industria de la construcción mira con cautela y expectativa el cambio de mando. El gremio, liderado por Alfredo Echavarría (CChC), ha sido enfático en que la reactivación aún es frágil y depende de la continuidad de medidas excepcionales mientras la economía recupera su dinamismo estructural.
En este contexto, la directiva de la Cámara Chilena de la Construcción se reunió con el presidente electo, José Antonio Kast, para plantear una «Ley de Subsidio 2.0». La propuesta busca ampliar el tope de los beneficios de 4.000 a 5.000 UF, con el objetivo de agotar el stock disponible y fomentar el inicio de nuevos proyectos que dinamicen el empleo.
HACIA UNA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que la estrategia del nuevo gobierno no se centrará únicamente en subsidios, los cuales considera soluciones transitorias, sino en un cambio profundo en la gobernanza del sector. Quiroz anunció un plan de desregulación administrativa que busca reducir drásticamente la burocracia: eliminar 15.000 instructivos para refundirlos en una sola circular y bajar de 1.500 a solo 11 las circulares vigentes.
Desde la CChC, Echavarría aclaró que no ven esto como una eliminación de estándares ambientales o de seguridad, sino como una facilitación de trámites. «El problema no es la regulación, sino que no se cumplen los plazos legales», señaló el dirigente, valorando la intención de liberalizar el suelo mediante la extensión de territorios operacionales de las sanitarias, lo que habilitaría terrenos aptos sin necesidad de extender los límites urbanos.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y DEUDA ESTATAL
Respecto a las proyecciones de crecimiento, el líder gremial calificó como una «aspiración» la meta de Quiroz de crecer a dos dígitos, advirtiendo que retomar esas tasas tomará tiempo. No obstante, destacó las buenas señales provenientes de la minería, con inversiones proyectadas por US$ 88 mil millones para la próxima década, lo que servirá como soporte para la actividad económica general.
Finalmente, sobre las deudas que el Estado mantiene con las empresas constructoras a través del MOP y el Minvu, Echavarría confirmó que el gobierno saliente ha comenzado a normalizar los pagos. Se espera que durante enero y febrero, con la activación del presupuesto 2026, se salden los estados de pago pendientes y los créditos de enlace que sufrieron interrupciones por falta de liquidez a fines del año pasado. (NP-Gemini-La Tercera)
