Si se analiza lo que está sucediendo en Venezuela a la luz del derecho internacional o de los principios democráticos, es claro que no llegaremos a conclusión alguna, salvo que esos valores no están presentes o, más precisamente, están siendo vulnerados. Sin embargo, si el asunto lo miramos desde un puro ejercicio de poder, carente de cualquier otra consideración, se puede observar una estrategia coherente.
El actor fundamental es el poder presidencial norteamericano, que de modo explícito ha asumido un protectorado sobre Venezuela. Se trata de uno de facto,pues no se afirma en una ley o tratado, no tiene límite de tiempo y en el que la potencia rectora puede actuar a su entera voluntad sin el control de otro Estado u organismo internacional.
Se trata de la subordinación a un Estado predominante que nombra y remueve a su entera voluntad a sus autoridades, que declara su absoluta prerrogativa para disponer de sus recursos naturales y que amenaza con nuevas intervenciones militares si no se obedecen sus designios. Se apropia de PDVSA, de las instituciones que determinan y regulan el sector petrolero y también de aquellas que manejan las relaciones exteriores, a las que ordena una completa distancia de Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán, Turquía, China.
Como todo protectorado, este también requiere de una fuerza armada que lo haga posible, la que Estados Unidos está construyendo con el apoyo de la actual cúpula del ejército venezolano, no siendo impensable que en acuerdo con el propio Padrino López.
Purga en el ejército va a haber; pero no masiva, pues una fuerza armada deteriorada suele ser la antesala de una guerra civil o insurrección. Más probable es que la potencia hegemónica prometa aumentos salariales, mejor disposición de armamento, repuestos, y una política de efectivo monopolio sobre las armas. A cambio, el Ejército será reestructurado según una versión desvirtuada de los principios de profesionalismo, no deliberación y sometimiento al poder político, pues ellos solo regirán en la medida que no choquen con la aceptación a rajatabla del nuevo orden.
El diseño y control de la ejecución de esta reforma estarán a cargo de una misión militar norteamericana, con poderes omnímodos. Supone, además, una completa separación del Ejército y la policía siendo el primero dominante, y la segunda, subordinada, procediendo a privarla de armamento mayor.
A los anteriores se debe agregar, como otro pilar esencial, una política de orden público, tarea difícil, pues debe tratar con una población civil que tras una larga dictadura está marcada por las tensiones que crea una economía en ruinas (caída de más del 60% del PIB y un 70% de la población bajo la línea de pobreza). Una nación dividida, con un sistema político carente de legitimidad, capturado por el chavismo, una oposición que es una clara mayoría electoral y una diáspora que la compone un cuarto de la población y que aspira a volver reclamando la vigencia de las libertades públicas, justicia por las violaciones de derechos humanos, reparaciones.
Los elementos que se acaban de mencionar son los menos explicitados, salvo declaraciones que indican su baja prioridad, configurando un área cuyo contenido no se precisa ni tiene fecha de inicio.
A ocho días de la defenestración de Maduro, una nueva etapa se ha iniciado bajo la omnipotencia de Trump, que se ha abierto a la colaboración de las propias fuerzas armadas bolivarianas en la reforma del ejército y a una política de control del orden público en la que no sería sorprendente —“sospecha en desarrollo”— la participación de elementos de la actual policía, “colectivos” y el aparataje clientelar del chavismo.
En contraste con la inmediata y muy generosa preocupación por los grandes intereses del petróleo y la sorprendente colaboración con pilares del antiguo régimen, el diseño no considera a actores que por más de una década encabezaron la lucha contra Chávez y Maduro. Tal vez se les desconfía porque encarnan reclamos de libertades públicas y democracia que no figuran en el discurso de Trump. Tampoco —salvo aquellos que sean deportados por EE.UU.— no hay un plan que estimule el regreso de una parte de los ocho millones de exiliados, ya que agregaría demandas a una economía exhausta. En el más obsceno pragmatismo, ello está significando dejar fuera de la mesa a fuerzas como las que representa María Corina y aquel exilio que hizo posible el triunfo sobre la dictadura. (El Mercurio)
Genaro Arriagada
