El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció formalmente que el Gobierno no logrará cumplir con la meta de política fiscal fijada para el cierre de su gestión. Según lo establecido en el último decreto, el objetivo era alcanzar un déficit estructural de -1,6% del PIB; sin embargo, el jefe de las finanzas públicas admitió un «descalce» tanto en el ejercicio de 2024 como en el proyectado para 2025, dejando un escenario de alta presión para la administración entrante.
Aunque el secretario de Estado intentó matizar el desempeño de años anteriores, las cifras oficiales contradicen su diagnóstico sobre 2023, año en el que también se registró un incumplimiento de los objetivos trazados. Grau atribuyó la situación a una diferencia entre las estimaciones de ingresos efectivos y los resultados finales, reconociendo que la billetera fiscal enfrentará un estrés financiero superior al previsto originalmente.
CRÍTICAS A LA INSTITUCIONALIDAD FISCAL
El anuncio ha generado una inmediata reacción entre los analistas económicos, quienes advierten sobre el daño que estos desvíos recurrentes provocan en la credibilidad del país. La regla fiscal, diseñada para garantizar un manejo responsable y previsible de los recursos estatales, se ve debilitada ante la falta de convergencia con las metas autoimpuestas por el Ejecutivo.
Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, fue enfático al señalar que el incumplimiento reiterado del déficit estructural erosiona la institucionalidad financiera de Chile. Para el experto, este escenario reafirma la urgencia de implementar medidas de mayor eficiencia en el aparato estatal y recortes de gasto que permitan estabilizar las cuentas públicas ante el deterioro de la solvencia fiscal. (NP-Gemini-Emol)
