En una entrevista reciente la ahora ex vicepresidenta del Banco Central Stephany Griffith-Jones destacó la importancia de mejorar la distribución del ingreso en Chile. “Aunque ha mejorado en algo, no es suficientemente justa” aseveró la economista, añadiendo que “ahí hay un desafío muy importante que no se puede dejar de lado”.
El problema de estas declaraciones, esencialmente correctas, es su generalidad -podrían decirse en casi cualquier país latinoamericano sin riesgo a equivocarse. Es bien sabido que la distribución del ingreso “no es suficientemente justa” en la mayor parte de la región. Pero pronunciadas sin mayor elaboración en nuestro país, donde hasta no hace mucho se proclamaba urbi et orbi que aquí había echado raíz la desigualdad más grande del mundo, tiende a reforzar la noción de una sociedad agudamente inequitativa.
Pero lo cierto es que la desigualdad del ingreso en Chile se ha reducido y no se trata de una disminución marginal. De hecho, el indicador universalmente utilizado para medirla -el coeficiente de Gini- ha alcanzado el nivel más bajo de nuestra historia: 0,44 (donde 0 representa la igualdad total y 1 la máxima desigualdad), en contraste con coeficientes superiores a 0,5 propios de la sociedad marcadamente desigual que fuimos hasta no hace mucho. No es un hecho menor que las cohortes de los chilenos más jóvenes experimentan la menor desigualdad de todas las de su misma edad que las han precedido en el país -y más baja respecto de la que experimentaron sus progenitores cuando eran jóvenes.
Esto hace que el rango de la desigualdad dentro del cual se sitúan los países de la OCDE -entre valores de 0,25 a 0,4- se haya tornado de pronto asequible para nuestro país, lo que hace apenas una décadas parecía inimaginable. Es el resultado virtuoso de un conjunto amplio de políticas públicas adoptadas por diversos gobiernos desde la recuperación de la democracia, entre las que destacan entre otras: el crecimiento económico que impulsa vigorosamente el empleo y el nivel de los salarios; el pilar solidario para las personas que no disponían ahorros para su vejez en el sistema previsional; la PGU; el AUGE; la gratuidad universitaria; el sueldo mínimo (el más elevado de la región); el subsidio habitacional; el subsidio al agua potable para los sectores de menores ingresos; el copago salud; entre otras.
“Las cifras son elocuentes, no importa cómo se mida, la desigualdad viene cayendo durante la última década”, afirmaba el economista Eduardo Engel en La Tercera hace ya ocho años, cuando todavía no entraban en vigencia las iniciativas que iban a reforzar aún más la caída. La implementación en plenitud de la reforma de pensiones y la recuperación de la economía en los próximos años casi con seguridad van a consolidar esa tendencia a la baja, lo que podría acercar aún más al país al rango de la OCDE antes señalado.
¿Pero cómo es que habiéndose reducido la desigualdad del ingreso se habla recurrentemente de ella como si se mantuviera sin mayores variaciones? La respuesta está en lo que Carlos Peña refiere como la “desigualdad percibida”, esto es, aquella que el sujeto no necesariamente experimenta, sino la que percibe, influido por lo que se dice de ella y, en este caso, más bien por lo que no se dice o escribe cuando se reduce. ¿Cuántas noticias o reportajes, para no hablar de declaraciones de los líderes políticos, informan sobre esa reducción de magnitud relevante? La información en los medios sobre el tema es casi nula, manteniéndose sin mayores variaciones el sesgo de la desigualdad percibida -“el país más desigual del mundo”- que permeó en la sociedad chilena en la década pasada.
Se trata de una brecha que no debería mantenerse en el tiempo. Los esfuerzos desplegados a lo largo de varios gobiernos, los enormes recursos involucrados, las herramientas institucionales implementadas y, en fin, el capital político y el caudal de talento que se ha puesto en juego para reducir la desigualdad de ingreso en Chile al nivel histórico que se ha alcanzado, ameritan una convergencia de la desigualdad percibida con la desigualdad efectiva, considerando que la primera no parece haber internalizado ni de cerca la baja significativa que ha experimentado la segunda. El debido reconocimiento de una política pública con resultados como los aquí comentados es una condición necesaria para la continuidad del esfuerzo desplegado y para la acumulación del capital político que requieren iniciativas ulteriores conducentes a tan noble fin. (El Líbero)
Claudio Hohmann
