El Ministerio del Interior emitió un oficio inédito que instruye la renuncia «obligatoria» de todos los funcionarios de exclusiva confianza antes del 11 de marzo. La medida, que marca un contraste con administraciones previas donde la salida era solo sugerida, busca facilitar la instalación del equipo del presidente electo, José Antonio Kast.
ALCANCE DE LA MEDIDA
La instrucción afecta a asesores de gabinetes, subsecretarios, delegados presidenciales y jefes de servicio, sumando aproximadamente 2.449 puestos directos. No obstante, expertos del centro Pivotes estiman que el número real de colaboradores que dependen de la confianza política podría ascender a 8.000 personas, considerando asesores jurídicos y comunicacionales.
PROCESO DE TRANSICIÓN
El ministro Álvaro Elizalde designó a Claudio Alvarado como la contraparte oficial del gobierno entrante para coordinar el traspaso de información. Las autoridades actuales tienen plazo hasta el 27 de febrero para informar el número exacto de colaboradores contratados, bajo el compromiso de no dejar personal de apoyo directo en sus funciones tras el cambio de mando.
POLÉMICA POR «LEY DE AMARRE»
La salida de la administración actual ocurre en medio de críticas de la oposición por artículos del reajuste al sector público que restringen el despido de personal a contrata. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de actos administrativos fundados para las no renovaciones, el equipo de Kast acusa un intento de proteger políticamente a funcionarios actuales.
ESTABILIDAD DEL ESTADO
El debate también se centra en la alta transitoriedad del empleo público, donde una parte significativa del funcionamiento estatal descansa en personal a honorarios. Expertos sugieren implementar protocolos de continuidad para funciones críticas en salud y educación, evitando que el cambio de color político afecte la operación administrativa esencial de las instituciones nacionales. (NP-Gemini-Emol)
