El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dispuso este sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La Sala Constitucional señaló que la medida busca garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.
El máximo tribunal ordenó notificar de inmediato al Consejo de Defensa de la Nación, al alto mando militar y al Parlamento sobre esta decisión, sin precisar cuándo se realizará la ceremonia de juramentación. El lunes está prevista la instalación del nuevo periodo legislativo, dominado por el chavismo, donde deben juramentarse las autoridades.
La resolución del TSJ se fundamentó en lo que calificó como “secuestro” de Maduro por fuerzas militares estadounidenses y su traslado a ese país. El tribunal consideró la situación como excepcional y de fuerza mayor no prevista en la Constitución, lo que obligó a activar mecanismos para preservar la institucionalidad.
De acuerdo con el artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente deben ser suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento. Si la ausencia supera ese plazo, el Legislativo decidirá si corresponde declarar la falta absoluta.
Expertos señalan que la Constitución vigente, aprobada en 1999, contempla la figura de la vicepresidencia ejecutiva para suplir al mandatario, aunque advierten que la situación actual no se ajusta plenamente a los escenarios previstos. Además, remarcan que el Gobierno enfrenta cuestionamientos de legitimidad tras las elecciones de 2024.
Este sábado, Rodríguez anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y envió al TSJ un decreto de estado de conmoción exterior para su validación constitucional. La medida busca reforzar la defensa del país ante la crisis generada por la captura del presidente.
Entre las facultades del Consejo de Defensa están movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, tomar de manera inmediata la infraestructura de servicios públicos y la industria petrolera, con el objetivo de garantizar su pleno funcionamiento en medio de la coyuntura. (NP-Copilot-Bio Bio EFE)
