En 2019, el estallido y sus consecuencias monopolizaron la atención de la opinión pública. Pero ese mismo año ocurrió un hecho de enorme simbolismo, que curiosamente pasó desapercibido casi por completo para los chilenos: en Santiago llovió menos que en Dubái.
La capital de nuestro país acumuló 82 milímetros, mientras que en la lujosa y desértica ciudad de Medio Oriente precipitaron 84,5 milímetros.
El caso bien podría ser una anécdota aislada. El volumen de agua que cayó en 2019 en Santiago fue apenas la cuarta parte del promedio de lluvias en la capital entre 1981 y 2010 (340 milímetros), convirtiéndolo en el año más seco desde fines de los 60.
Sin embargo, lo de 2019 está lejos de ser cherry picking. Porque si se analizan los números, no hay duda de que San Isidro nos tiene hace rato en su lista de personas no gratas.
Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile, desde 2009 a la fecha, hay 14 años con niveles pluviométricos por debajo del promedio. Y solo un año (2023) tiene un superávit de dos dígitos en este mismo período.
Se estima que, en promedio, por cada década que ha pasado desde 1961 en adelante, hay una disminución de 24 milímetros de lluvia en el país. Pero si esa medición se toma desde 1980, la caída es de 44 milímetros por década.
Si a este panorama se le suma el aumento de las temperaturas, la cosa pasa de castaño a oscuro. 2024 fue el cuarto año más cálido en los 64 años en que hay registro de las temperaturas en Chile (los que ocupan el podio, como se podrá prever, también son recientes: 2016, 2023 y 2015). Y en el 88% del territorio nacional hubo condiciones de más calor que la media.
Además, los últimos 14 años han tenido temperaturas por sobre el promedio, llevando a que la década más calurosa y más seca de la historia de Chile sea la de 2011-2020.
Esta inédita concatenación de años calurosos ha acelerado el ritmo de aumento de la temperatura promedio del país: en los últimos 30 años, el crecimiento ha sido de 0,21º por década.
Hoy, la temperatura media es de 13,3º, mientras que a inicios de los 60 era de 12,1º.
La lista de hitos y récords nacionales para poner nerviosos incluso a los más incrédulos podría seguir por varios párrafos más.
Sin embargo, y aunque pareciera meridianamente claro que el tema de la sequía, el calor y, en general, el cambio climático es real y tiene un efecto creciente a nivel humano, social y económico, parece increíble que no esté ni de cerca entre las prioridades de la ciudadanía ni de las autoridades.
El Presidente electo, José Antonio Kast, ganó ampliamente la elección de diciembre apelando al concepto de “gobierno de emergencia”. Sus prioridades están acertadamente puestas en los temas de seguridad y crecimiento.
Pero un ciudadano común espera que un gobierno no solo gestione adecuadamente las urgencias y contingencias, como son ciertamente hoy la delincuencia, el desempleo y la falta de mayor dinamismo económico, sino también que analice, planifique y se haga cargo de temas que son igualmente relevantes y que tienen un impacto monumental en el largo plazo.
Las concesiones de servicios básicos y de infraestructura pública, la digitalización del Estado, la conectividad y alfabetización digital, y la creación del Plan AUGE y la Pensión Garantizada Universal (PGU) son algunos ejemplos, de distintos gobiernos, de decisiones de política pública pensadas no solo en la contingencia, sino en el Chile de varias décadas más adelante.
Al revisar el programa de gobierno del Presidente electo, la sequía y el cambio climático brillan por su ausencia. En rigor, aparecen apenas esbozados: describen el problema circunscrito a ciertas regiones específicas, pero no proponen medidas concretas y de fondo para enfrentarlo. Una ausencia grave e incomprensible.
Desde esta perspectiva, parece poco estratégico que un gobierno que se autodefine “de emergencia” no tenga entre sus prioridades una de las mayores emergencias de mediano y largo plazo del país, a sabiendas, además, que su impacto solo se irá agudizando con el paso de los años.
La creación de una carretera hídrica, el impulso de nuevos embalses y plantas desaladoras, el fortalecimiento presupuestario del recién creado Sernafor, una nueva institucionalidad para el manejo de cuencas, y la aplicación de experiencias internacionales exitosas para el manejo hídrico (como algunos países europeos y de Medio Oriente) parecieran ser eslabones indispensables para el desarrollo de una arquitectura mucho más moderna y eficiente en el tema.
Ojalá que el nuevo gobierno se abra a ampliar su lista corta “de emergencia” por el peso de la evidencia, e incluya en ella la mayor emergencia a la que parece condenado nuestro país en los próximos años: la de un Chile seco y cada vez más combustible. (El Mercurio)
Cristián Rodríguez
