El Tribunal Constitucional (TC) analiza la Ley de Seguridad Municipal, aprobada en diciembre de 2025 por el Congreso. Esta fortalece la institucionalidad comunal en prevención del delito, con nuevas herramientas para alcaldes y concejales. Incluye una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC), respaldada transversalmente, que impone tests de drogas obligatorios.
Si prospera en el TC, será la primera norma permanente que obliga a alcaldes, concejales, inspectores y directores de seguridad a exámenes anuales. Un resultado positivo, sin justificación médica, causará cesación en el cargo. Representa un hito en la regulación de consumo de estupefacientes entre autoridades locales.
Paralelamente, avanzan mociones dispersas en el Congreso para extender tests obligatorios a todas las autoridades públicas en 2026: presidente, ministros, parlamentarios, gobernadores y comunales. Buscan detectar vulnerabilidades al narcotráfico en la política, superando iniciativas temporales pasadas como las de la UDI en leyes de Presupuesto.
El proyecto más avanzado, fusionado por diputadas Paula Labra (ind.-RN), Pamela Jiles (PDG) y Yovana Ahumada, fue aprobado por la Cámara en agosto de 2025. Ahora en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, presidida por Paulina Vodanovic (PS), lleva cuatro meses estancado por sobrecarga laboral.
Labra envió una carta a Vodanovic presionando por prioridad, alertando sobre duplicidades como la indicación de Provoste y proyectos senatoriales. Insiste en evitar dilaciones por tramitaciones paralelas que comparten la misma idea matriz, para no desestimar lo ya avanzado.
Lo más polémico es la inhabilidad para Presidente, diputados, senadores y otros con dependencia de drogas, salvo tratamiento médico acreditado. El senador Esteban Velásquez (Frevs) con Alejandra Sepúlveda impulsa tests para parlamentarios vía reglamentos corporativos.
Otro proyecto de senadores Ximena Rincón (Demócratas), Luz Ebensperger (UDI), Sergio Gahona (UDI) y Francisco Chahuán (RN) prohíbe cargos públicos a dependientes de estupefacientes. Exige control previo, declaración jurada y resultado negativo para asumir funciones por elección, nombramiento o contratación. (NP-Perplexity-La Tercera)
