Cada fin de año invita al balance. Pero al mirar 2025 en perspectiva, se vuelve imposible ignorar una señal inquietante: la corrupción se instaló en el centro del debate público. No como una suma de hechos aislados, sino como la constatación de una verdad que durante años preferimos eludir sobre su carácter estructural, que atraviesa instituciones, ideologías y uniformes, y que aparece cuando se debilitan la supervisión, la transparencia y la ética.
Aún en los últimos días del año continúan saliendo nuevos casos a la luz. Así, cerramos este 2025 con una noticia nada de auspiciosa. La Contraloría reveló un desorden financiero por más de US$ 17.300 millones en ministerios y municipios durante los últimos cinco años. Ninguna de las 73 entidades fiscalizadas logró aprobar sus estados financieros, debido a la falta de respaldo, débil o inexistente fiscalización internos y graves inconsistencias contables. Un diagnóstico que sintetiza cómo la falta de control se tomó la agenda pública.
No estamos frente a situaciones aisladas ni a errores administrativos, sino ante una práctica reiterada de desorden, opacidad y tolerancia institucional que erosiona de manera persistente la confianza pública. Lo que preocupa es la normalización de estas fallas y la incapacidad –o falta de voluntad– para corregirlas.
Esa fragilidad institucional la hemos visto en diversos escándalos municipales, que se coronan este fin de año con la condena a los exalcaldes de Rancagua y Algarrobo por delitos de corrupción.
En esta lógica también destaca el uso irregular de licencias médicas, que dejó al descubierto una cultura de abuso silenciosa y extendida, con funcionarios dispuestos a pagar para defraudar al sistema y profesionales de la salud que traicionaron los deberes inherentes a su profesión. El problema no fue solo ético, sino también estructural, porque el daño comprometió la integridad del sistema. El hallazgo no fue casual, sino fruto de una fiscalización intensiva de la Contraloría, que deja una pregunta incómoda: si era posible detectarlo ahora, ¿por qué no se hizo antes?
Y qué decir de las esquirlas del caso Audios que golpearon con fuerza este año. A partir de los chats de Luis Hermosilla se abrió una secuencia de revelaciones que derivó en uno de los casos emblemáticos del 2025, el de la Muñeca Bielorrusa. Es en ese encadenamiento de hechos donde quedaron al descubierto presuntos conflictos de intereses, coimas, tráfico de influencias y favores en nombramientos, configurando un cuadro que puso en jaque la independencia y credibilidad del Poder Judicial.
El foco ya no está solo en decisiones individuales, sino en las debilidades que permitieron que estas prácticas no fueran detectadas ni gestionadas oportunamente. La falta de controles eficaces terminó por afectar la confianza en uno de los pilares del Estado de Derecho. Al menos, al parecer está dejando lecciones, ya que desde la Fiscalía Judicial se han dado señales de un estándar de inhabilitación más exigente.
En esa misma línea, el caso ProCultura abrió otro frente igualmente sensible. Se trata de la arista más extensa del caso Convenios –que se destapó en 2023– y que volvió a golpear la confianza pública al revelarse un eventual fraude al fisco por más de $6 mil millones y una serie de mecanismos para lograrlo. Más allá de las responsabilidades penales que se determinen, esto confirma que el problema recurrente sigue siendo la fragilidad de la fiscalización y la ausencia de una rendición de cuentas efectiva.
Si a ello se suman antecedentes que vinculan al crimen organizado con las Fuerzas Armadas y de Orden, los casos recientes en Gendarmería y el golpe simbólico que significó la condena por corrupción de un exdirector de la PDI –hoy en prisión efectiva–, el cuadro resulta aún más preocupante. Otra vez. No son simples faltas administrativas, sino señales de alerta en áreas críticas donde el Estado no puede darse el lujo de fallar.
Estos son solo algunos de los hechos emblemáticos que marcaron este 2025 y que dejan una sensación amarga. Pero la respuesta no puede ser la resignación, sino la acción. Reconocer que estas prácticas existen implica asumir un rol activo como ciudadanos, denunciar las irregularidades cuando las vemos y dejar de normalizar lo inaceptable. Desde los espacios de trabajo hasta la vida cotidiana, en nuestros barrios y hogares, la integridad se construye todos los días.
Gestionar los conflictos de intereses, exigir rendición de cuentas y fiscalizar no es una tarea exclusiva del Estado, especialmente hoy, cuando el lavado de activos y otras prácticas ilícitas pueden infiltrarse sin que siquiera lo advirtamos.
La corrupción no surge de un día para otro. Es el resultado de años de hacer la vista gorda, de relativizar alertas y situaciones evidentes y, sobre todo, de controles que no se ejercieron con la rigurosidad necesaria.
Debemos entender que la transparencia no puede depender de filtraciones ni de escándalos, y que la verdadera fortaleza institucional se mide cuando el poder acepta límites y se deja controlar, pero también cuando quienes deben fiscalizar, supervisar y rendir cuentas asumen activamente su rol, sin excepciones ni zonas grises. (El Mostrador)
Susana Sierra
