La Circular 781 de la Superintendencia de Educación genera controversia por introducir exigencias en los reglamentos internos de los colegios. Parlamentarios y sostenedores la cuestionan como un «amarre ideológico» en el tramo final del Gobierno.
El documento redefine el alcance de estos reglamentos y establece criterios que generan dudas sobre la autonomía de los proyectos educativos. Advierte sobre su aplicación práctica en la vida escolar cotidiana.
Consagra la «autonomía progresiva» de niños, niñas y adolescentes como principio obligatorio. Indica que pueden ejercer derechos según su evolución y que su opinión debe tener consideración primordial, posicionando al estudiante como sujeto directo de derechos.
En cuanto a uniformes, establece que su uso no es obligatorio. Si un colegio lo quiere imponer, requiere acuerdo del centro de padres, consejo de profesores, consulta al centro de alumnos y comité de seguridad escolar.
Apoderados critican que los padres queden como «acompañantes» del alumno, similar al primer proceso constituyente. Sostenedores señalan que las exigencias, obligatorias e inmediatas, tensionan la autonomía educativa. Además, el Gobierno no transfiere fondos de gratuidad y universidades acusan ineficiencia. (NP-Perplexity-El Mercurio)
