Una situación de presunto trato preferencial ha generado cuestionamientos al interior del Hospital del Salvador, en la comuna de Providencia. El pasado martes 23 de diciembre, Lucía Sanhueza Vargas (87), madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ingresó al recinto por una fractura de cadera. Según registros internos, la paciente fue operada poco más de 10 horas después de su llegada, un tiempo de respuesta que contrasta con la realidad de otros usuarios que suelen esperar días por la misma intervención.
ALTERACIÓN DE TABLA QUIRÚRGICA POR «PRIORIDAD ADMINISTRATIVA»
Documentos a los que tuvo acceso la prensa revelan que la dirección del hospital habría autorizado el traslado de la paciente a pabellón sin los trámites administrativos ni medicamentos de rigor habituales. Un registro hospitalario consignó explícitamente un «retraso de cirugías por pabellón bloqueado» y una posterior cirugía de cadera con «prioridad administrativa desde urgencia», lo que provocó la postergación de la operación de otro paciente que esperaba una reexploración por laparostomía.
CONTRASTE CON LA REALIDAD SANITARIA
Tiempos de espera: Mientras la madre de la autoridad fue intervenida el mismo día, funcionarios del recinto advierten que otros pacientes con idéntico diagnóstico permanecen en urgencias durante jornadas extensas. Se reportó el caso de una persona esperando desde el 17 de diciembre.
Estadísticas oficiales: Datos del Minsal indican que un 37% de los pacientes que requieren hospitalización desde urgencia deben esperar más de 12 horas solo por una cama, sin considerar el tiempo adicional para entrar a pabellón.
Justificación médica: Voces del recinto señalaron que la rapidez se debió a la presencia de un traumatólogo especialista en caderas de turno, lo que habría facilitado el procedimiento.
RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SALUD
Desde la cartera de Salud aseguraron que la celeridad en la operación se justifica exclusivamente por tratarse de una cirugía de urgencia. No obstante, al interior del establecimiento persiste la molestia entre el personal, quienes recalcan que la paciente no presentaba condiciones de desestabilización que ameritaran alterar el orden de las cirugías ya programadas. El caso ha reavivado el debate sobre la equidad en el acceso a las prestaciones del sistema público de salud. (NP-Gemini-La Tercera)
