En el marco del último consejo de gabinete tras el balotaje, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregó instrucciones perentorias sobre el proceso de traspaso de mando. Con el objetivo de facilitar la instalación de la administración de José Antonio Kast, el jefe de gabinete advirtió que todos los funcionarios de confianza política deben cesar en sus cargos el mismo día del cambio de mando, prohibiendo además la postergación de vacaciones o días administrativos para fechas posteriores al traspaso de la banda presidencial.
RESTRICCIONES EN VACACIONES Y DÍAS ADMINISTRATIVOS
La instrucción fue clara y se apoyó en material gráfico ante el resto de los secretarios de Estado: «Nadie puede tomarse vacaciones después del 11 de marzo». Los funcionarios que tengan días pendientes deberán utilizarlos obligatoriamente durante los meses de enero y febrero. Asimismo, se estableció una restricción específica para los días administrativos, los cuales no podrán ser utilizados entre el 1 y el 10 de marzo, asegurando que los equipos se mantengan operativos hasta el último minuto de la gestión de Gabriel Boric.
DEFENSA ANTE ACUSACIONES DE «AMARRE»
Diferenciación de Cargos: El ministro reforzó la distinción entre personal de confianza política y funcionarios de carrera. Aseguró que quienes llegaron por adhesión al programa de gobierno deben salir, permitiendo que las nuevas autoridades designen a sus propios equipos.
Respuesta a la Oposición: Elizalde calificó de «absurda» la amenaza de acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el proyecto de reajuste al sector público.
Marco Legislativo: El titular de Interior argumentó que si un parlamentario no comparte un proyecto, debe votar en contra en lugar de utilizar herramientas jurídicas de fiscalización de manera improcedente.
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE TRASPASO
Esta serie de medidas busca ordenar el fin del ciclo gubernamental y evitar conflictos administrativos con la administración entrante. Al despejar la permanencia de los cargos de confianza, el Gobierno intenta bajar la tensión generada por la denominada «ley de amarre», centrando el debate en la protección de los funcionarios de carrera y no en el blindaje de operadores políticos, según la tesis defendida por La Moneda en los últimos días. (NP-Gemini-La Tercera)
