El gobierno nunca pensó cumplir la orden de desalojo que ordenó la Corte de Apelaciones en junio de 2023 y ratificó la Suprema en marzo 2024 respecto a la mega toma de San Antonio. La estrategia fue ir chuteando la pelota cada vez, para ganar tiempo con los mismos argumentos en cada ocasión. “Se generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario”, el contingente policial necesario, o los 3 mil niños del campamento, como decía el ministro de Vivienda Carlos Montes en febrero pasado.
El gobierno ha sido fiel a lo escrito en su programa, que no habrá desocupación. Mientras no haya una “solución definitiva” a la demanda de vivienda y a lo que señalaba el candidato Boric en 2021: “Hay que hacer desalojos que sean conversados, que tengan una solución habitacional”.
Y mucho menos iban a hacer el desalojo a diez días de la segunda vuelta presidencial, porque el jueves 4 vencía el último de los plazos postergados una y otra vez para ejecutar la sentencia.
Aparecieron por magia los 11 mil millones de pesos de proyectos no ejecutados en campamentos de varias regiones del sur para pagar la expropiación, que deja a los dueños de un paño continuo de 215 has en retazos dispersos alrededor de las sólo 110 hás que pagará el fisco. Montes consideró que los dueños pedían un precio exorbitante. Pero se puede gastar en una toma los recursos que representan la mitad de los fondos disponibles en 2026 para todo el Programa de Asentamientos Precarios y cuando, además, recortó fuerte los recursos para soluciones sociales en el Presupuesto 2026.
Expropiar por decreto sin acuerdo con los propietarios parece una solución política redonda. La aplaude el crimen organizado que hizo el perfecto diseño urbano en el cerro Centinela de San Antonio y también la ex alcaldesa Constanza Lizana, no reelecta el año pasado. Ella asesoró como abogada a los pobladores que se tomaron el terreno en noviembre de 2019 y ya como alcaldesa, amparó la expansión de la misma que se desbordó a las actuales 10 mil 251 personas que constituyen 4 mil familias. Ahora el argumento es que es tan grande, que es imposible restaurar el derecho de propiedad. Con el respaldo del Frente Amplio, Lizana se opuso al desalojo y una diputada de ese partido (Camila Rojas) y un comunista (Luis Cuello) presentaron el diciembre pasado una cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para suspender la ejecución de toda orden desalojo.
Los grandes ganadores, win-win, los octubristas. Como afirmaba el ministro Giorgio Jackson en 2022, cuando defendía la expropiación al “justo precio” (no de mercado), las tomas de los predios podían “genera una situación de win-win” porque las forestales podían querer vender “porque no les sirve de nada tener los predios tomados”.
¿Quiénes pierden con esta decisión del gobierno de debilitar la institucionalidad una vez más? Los que están en las otras filas, que tienen otras realidades, como justifica el ministro haber discriminado a quienes usan el proceso regular para obtener una vivienda. Según el urbanista Iván Poduje, sólo en San Antonio hay 12 mil familias esperando una solución.
El mensaje está claro para todos ellos y los otros ingenuos que le han creído al Estado que hay una política racional para ir solucionando el déficit habitacional de más de 552 mil viviendas. Ahora hay “varias filas”, como dice el ministro Montes para no admitir que algunos se la saltaron. Chile se distinguía en el sombrío panorama de Latinoamérica por tener una sólida política habitacional en vez de ir reaccionando detrás de las ocupaciones ilegales como forma de acceder de los más vulnerables a una vivienda.
Ahora está claro: tómate el terreno y después vemos, porque no te podrán sacar.
El mismo mensaje le está reiterando La Moneda al crimen organizado que ha sabido lucrar del desprecio a la ley que instauró el octubrismo.
Ahora sólo falta tomar palco para ver si el gobierno cumple con la nueva fecha que se autoimpuso para desalojar las casas que no están dentro del terreno que se expropiará, el 4 de enero… Seguro que no será necesario. (El Libero)
Pilar Molina
