Nuevas controversias genera la expropiación de los terrenos usurpados en San Antonio, impulsada por el Gobierno para zanjar la crisis de la megatoma. Este viernes se conoció que los $11.000 millones para indemnizar a los dueños provienen de dineros del Serviu de distintas regiones que no fueron ejecutados. Se trata de montos esencialmente destinados a proyectos de vivienda.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló que esos fondos «salen del presupuesto de este año… y los teníamos reservados ante una eventualidad».
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS Y CRITICAS
Andrés Palma, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, explicó que hasta 2024 los Serviu podían gastar los recursos en más de un año. Sin embargo, el presupuesto de este año tenía una gestión diferente que obligaba a gastar los recursos en el año.
Palma precisó que varios Serviu empezaron a devolver recursos al ver que no iban a gastarlos antes del 31 de diciembre. Esto ocurrió con compras de terrenos en Coyhaique ($4 mil millones), Castro ($3 mil millones), Los Ríos, La Araucanía y Ñuble.
Este nuevo antecedente fue foco de críticas en el Parlamento. El diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.) calificó como «inaceptable» que el Minvu de Aysén devolviera recursos teniendo proyectos de vivienda esperando recursos para compra de terreno.
El diputado Alejandro Bernales (PL), representante de Castro, sostuvo que es «vergonzoso» que se destinen platas que eran de la región para solucionar problemas de otras. Consideró una «burla» que recursos que podrían haberse ejecutado en Ancud para compra de terrenos se destinen a San Antonio.
El diputado Héctor Ulloa (PPD) respaldó la expropiación, pero cuestionó que se utilicen recursos de Vivienda que deberían ir en beneficio de miles de familias del sur. Solicitó que el Gobierno explique esta decisión.
PARALIZACIÓN DE METAS HABITACIONALES
Senadores de la UDI llamaron al Gobierno a aclarar la reasignación de los recursos habitacionales y solicitaron que el Ministerio de Vivienda informe el impacto en las metas habitacionales de las regiones afectadas.
El senador David Sandoval, integrante de la Comisión de Vivienda, sostuvo que es «inquietante» que los fondos provengan de iniciativas que no llegaron a comenzar obras en las regiones. Advirtió que los recursos se usarán para resolver un conflicto generado por una ocupación ilegal.
El senador Gustavo Sanhueza advirtió que la medida afecta a regiones que han cumplido sus metas. Señaló que cuesta entender que a una región como Ñuble, que avanzó, la terminen castigando por errores y atrasos que son responsabilidad del Gobierno.
El senador Iván Moreira, de Los Lagos, apuntó a la forma en que el nivel central está abordando el déficit habitacional en el sur. Dijo que «la falta de gestión del Gobierno termine pagándola la gente de nuestras regiones». (NP-Gemini-La Tercera)
