Un total de 104 gremios de pequeñas y medianas empresas (Pymes), liderados por la Multigremial Nacional de Emprendedores, publicaron una declaración conjunta en la que manifiestan su rechazo al proyecto de sala cuna universal que impulsa el Gobierno. Si bien las agrupaciones apoyan la iniciativa de sala cuna, se oponen a la forma en que está planteada, argumentando que obliga a las empresas de menor tamaño a elevar «enormemente» sus costos.
CARGA FINANCIERA Y DISCRIMINACIÓN
Las Pymes señalan que el proyecto impone la carga de la sala cuna a todas las empresas, sin importar su tamaño o número de trabajadores, incluso extendiéndose a las trabajadoras de casa particular. Actualmente, las micro y pequeñas empresas están exentas de dotar de sala cuna si tienen menos de 20 trabajadoras.
Según el escrito, el proyecto generaría más discriminación contra las mujeres en edad fértil en las micro y pequeñas empresas, lo que agravaría el problema de la cesantía femenina y el desafío demográfico del país.
Los gremios sostienen que, según la experiencia internacional, las empresas solo deberían estar obligadas a «cotizar», siendo el Estado el responsable de «dotar» del servicio de sala cuna. Sin embargo, el proyecto actual les exige a las Pymes financiar ambas funciones.
COSTOS MILLONARIOS Y RIESGO DE INDEMNIZACIONES
Las agrupaciones detallaron que el proyecto es inviable financieramente para ellas:
La cotización de 0,2% (y luego 0,3%) implica un costo de alrededor de $2.000 por trabajador, pero el problema radica en el costo de «dotar el servicio».
El valor promedio real de una sala cuna es de $550.000, mientras que el monto inicial que contemplaba el proyecto era de $260.000. Esto implicaría que la micro y pequeña empresa debería pagar una diferencia de $290.000 mensuales, lo que suma más de $5.510.000 por cada trabajadora durante los 19 meses de sala cuna.
En el caso de que un trabajador (cuya cónyuge o cuidadora tenga un menor de 24 meses) exija el pago de sala cuna y el empleador se vea imposibilitado de dotarla por razones externas (como lejanía, transporte o trabajo nocturno), el empleador podría verse obligado a pagar una indemnización que podría alcanzar los $9.641.322 por trabajador.
Además, el proyecto origina un costo adicional de traslado de la madre para amamantar a su hijo, el cual deberá ser cubierto por la Pyme sin que se detalle su monto ni alcance.
Los gremios concluyeron que «No se trata solo de $2.000: son millones de pesos los que deberán desembolsar las micro y pequeñas empresas por la dotación del servicio», por lo que el proyecto «debe ser cambiado, de forma que el empleador sea quien ‘cotice’ y el Estado quien ‘dote'».(NP-Gemini-Emol)
