Tras dos meses de intensa discusión legislativa, el Gobierno logró imponerse en una de las batallas más reñidas de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026. Finalmente, por insistencia del Ejecutivo y ante el agotamiento de la oposición, la Comisión Mixta resolvió reponer los dineros destinados a sustentar los gastos de oficinas, personal y traslados de los expresidentes de la República. Estos fondos variables, de aproximadamente $10,3 millones mensuales, se suman a la dieta vitalicia de $7,3 millones que ya está garantizada por norma constitucional, sumando un total aproximado de $17,6 millones mensuales para cada exmandatario.
LA POLÉMICA POR BORIC Y EL RECHAZO EN DIPUTADOS
La discusión se centró en la situación particular del actual Presidente Gabriel Boric, quien, con 40 años, comenzará a recibir estos emolumentos de por vida una vez que deje La Moneda en 2026, lo que generó un debate público sobre la pertinencia de las asignaciones para un expresidente tan joven. Después de semanas de una tramitación accidentada, la Cámara de Diputados había rechazado por segunda vez los fondos de secretaría para los exmandatarios, obligando a que el ítem fuera derivado a una comisión mixta para su resolución definitiva.
HACIENDA INSISTE Y LA COMISIÓN MIXTA CEDE
La comisión mixta, compuesta por cinco senadores y cinco diputados, resolvió acoger la petición del Ejecutivo para reponer la totalidad de los fondos, tanto para Boric como para los exmandatarios Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, en una decisión que fue acordada por unanimidad. La oposición y algunos diputados oficialistas que buscaban el recorte manifestaron cierta resignación, reconociendo que seguir desgastándose por un monto anual de unos $830 millones, menor en la magnitud del Presupuesto, ya no resultaba conveniente. Además, se admitió que golpear simbólicamente a Boric implicaba también perjudicar a los demás exjefes de Estado.
JUGADAS LEGISLATIVAS Y EL CERROJO JURÍDICO
El Gobierno tuvo que reponer estos fondos en tres momentos clave de la discusión, utilizando jugadas legislativas al límite del reglamento. Para blindar los recursos, el Ejecutivo intentó englobar tanto las dietas como las asignaciones variables como un gasto permanente amparado en la Ley 19.672, buscando invocar el artículo 67 de la Constitución que impide al Congreso reducir gastos establecidos por ley permanente. Aunque la oposición logró rechazar los gastos de oficina en una instancia anterior, y a pesar de que el monto se repuso por secretaría y fue nuevamente recortado por la Cámara, el Senado finalmente logró reponer los dineros mediante una indicación global a toda la partida del Congreso, garantizando que el Presupuesto 2026 fuera despachado con la asignación completa para los expresidentes. (NP-Gemini-La Tercera)
